Buenaventura, Colombia – La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra el exalcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Piedrahita, junto a otros cuatro funcionarios, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un proyecto financiado con $4.470 millones del Sistema General de Regalías. El proyecto tenía como objetivo dotar con computadores a dos colegios en Buenaventura.
La investigación revela que de los 1.200 computadores previstos para beneficiar a 3.193 estudiantes, solo se entregaron 469. El contrato, que debía completarse en noviembre de 2020, terminó anticipadamente con solo un 77% de ejecución, dejando 731 equipos pendientes de entrega. Debido a esta situación, la interventoría exigió la devolución de $1.031 millones por parte del ejecutor del proyecto.
Las irregularidades señaladas por la Procuraduría incluyen:
- Aprobación del Proyecto: Presuntas irregularidades en la votación del OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) para aprobar el proyecto. Víctor Vidal, como alcalde, y el secretario de Planeación votaron en representación del municipio y del departamento, respectivamente.
- Designación de la Entidad Ejecutora: Presuntas inconsistencias en la designación de la alcaldía de Buenaventura como entidad ejecutora del proyecto.
- Vigilancia y Supervisión: Presunta falta de vigilancia por parte de la entidad ejecutora y fallas en la supervisión del contrato, incluyendo la designación del interventor.
Las faltas cometidas por los involucrados han sido calificadas provisionalmente como sigue:
- Víctor Hugo Vidal Piedrahita y Silvia González Bermúdez: Faltas calificadas como graves a título de dolo. González Bermúdez es la subdirectora de Asistencia al Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Valle del Cauca.
- Otros Involucrados: Faltas calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima.
La Procuraduría continúa con la investigación para determinar la responsabilidad de los implicados y las posibles sanciones. Este caso subraya la importancia de la transparencia y la correcta ejecución de proyectos financiados con recursos públicos, esenciales para el desarrollo y bienestar de las comunidades.