Redacción
Por: Wilfrido E. Solano
El pronunciamiento del exalcalde Rafael Díaz Ojeda, lo generó el vencimiento del plazo fijado hasta el pasado viernes por la empresa en liquidación Electricaribe por las cuentas que ha presentado al estado y que determinan un supuesto detrimento a sus intereses.
Sostuvo que el corto tiempo no ayuda a los usuarios en indicio de deudores, a presentar el respectivo trámite y sus descargos; así la empresa deja entrever que la deuda no es con Air-e, sino con Electricaribe.
Precisó que el comunicado hecho público en tan corto tiempo, no le permitiría a más de 2.200.000 usuarios en la costa defenderse frente a la empresa; tomada en posesión y liquidación por el estado e intervenida por supuestas acciones ventajosas, como el desvío de COP $216.000 millones de subsidio de barrios subnormales.
Señaló ejemplo como el de la familia Castilla Chirino, que acusa una morosidad cercana a los siete millones de pesos por el cobro de intereses a la deuda y las financiaciones de 45 facturas en E2 (estrato 2) equivalente al cobro injustificado de 155 mil pesos mensuales, para un exorbitante promedio de 100 y 120 kwh/mes; con una tarifa igualmente alta.
Las empresas de energía han coincidido en atropellar al usuario de energía doméstica dijo, desconociendo que es este su razón de ser como empresas. Y mencionó que por más de 18 años la energía eléctrica no sólo en Maicao sino en la costa, género protestas por el mal servicio y baja calidad del mismo.
Recordó que Electricaribe, abusó del usuario y nunca hubo freno ni sanción contra ella. También hizo reparos para Air-e, por heredar el pretendido derecho de acusar a los usuarios de fraudulentos; sin prueba real y sumándole a esa inapropiada autonomía el derecho a sancionarlos, por el supuesto consumo de energía dejada de facturar.
Incumpliendo las sentencias del consejo de estado y la corte constitucional quienes prohíben a las empresas de servicios públicos domiciliarios; sancionar a sus clientes con tributos monetarios. hizo pedagogía sobre un ítem denominado consumo de subsistencia, cobrado por el sistema de gestión comercial de la empresa saliente; la cual habría liquidado todo el tiempo el total de kilovatios indistintamente superior o inferior a este consumo de subsistencia.
Destacó como un buen gesto, el que Air-e haya entendido lo del inapropiado y lesivo cobro del consumo distribuido comunitario, y reiteró que Electricaribe; fue una empresa donde el usuario terminaba arrodillado firmando un convenio de pago, con lo que justificaba al ministerio de energía la pérdida del fluido en zonas de difícil gestión para que este le girará el pago de esa pérdida como subsidio de los estratos vulnerables.
Por eso aunque el plazo haya terminado, le pidió a la comunidad hacer causa común para que las deudas en las que insiste Electricaribe, sean eliminadas de las facturas de la empresa Air-e como corresponde en un estado social de derecho.
