La investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio un giro inesperado con las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según su testimonio, el alto funcionario tenía conocimiento de las irregularidades denunciadas en el manejo de la entidad.
Benavides aseguró ante la Fiscalía que Bonilla utilizó su posición como ministro para respaldar las cuestionadas acciones. “Él me usó, usó su posición como ministro de Hacienda. No le importaba el costo que tuviera que pagar. Eso era necesario allá adentro”, declaró la exasesora, reforzando las acusaciones ya realizadas por exfuncionarios de la UNGRD como Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Los testimonios apuntan a un esquema de presunta compra de votos en el Congreso, donde congresistas habrían recibido contratos y beneficios para apoyar iniciativas de interés gubernamental. Olmedo López, en su declaración ante la Corte Suprema, describió el supuesto modus operandi desde la Casa de Nariño: “El cónclave son varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos ministros… decidieron que votos en el Congreso se conseguían a cambio de contratos y beneficios”.
Benavides, quien fue testigo directo de estas operaciones, corroboró las acusaciones al afirmar que Bonilla sabía que los congresistas imponían a sus contratistas. Su testimonio añade peso a las investigaciones, que ya involucran a seis congresistas en procesos de indagatoria.
Con esta nueva evidencia, las acusaciones contra el ministro de Hacienda se fortalecen, dejando al funcionario en una posición cada vez más comprometida. La situación plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de la UNGRD y el papel del Gobierno en estos presuntos acuerdos.
Este caso sigue siendo uno de los mayores escándalos que enfrenta la actual administración, mientras la justicia avanza en esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
