Redacción
En las primeras semanas de julio, 74 excombatientes fueron trasladados de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Ituango hacia Mutatá, en Antioquia.
Días antes del traslado, Pastor Alape, delegado del Partido Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), afirmó que: “Ante las dificultades que se han presentado en la población en proceso de reincorporación de Santa Lucía, en el municipio de Ituango, dada la falta de garantías de seguridad, se tomó la decisión de hacer un desplazamiento organizado hacia el municipio de Mutatá y ahí reiniciar todo el proceso de reincorporación económica y social”.
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En efecto, El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, explicó que fue un traslado concertado con la población y que desde comienzos del año se empezó a diseñar el traslado.
Así mismo, Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) aseguró que aunque los ETCR no se crearon como una figura definitiva, para el traslado se analizaron factores de seguridad, proyectos productivos, reincorporación social y comunitaria, acceso a servicios públicos y la adecuación de tierras para su gestión.
Sin embargo, para los excombatientes, aunque sí fue un proceso concertado, no fue un traslado deseado. Aseguran que hace tres años llegaron cerca de 300 exintegrantes de las Farc para iniciar su proceso de reincorporación, esperando vivir sin estigmatizaciones política y sin señalamientos que terminaran en amenazas, desplazamientos o asesinatos.
“Desafortunadamente, tenemos que decir que el Gobierno no ha cumplido y que nos despedimos con una situación muy complicada frente a la seguridad, nos vamos desplazados porque no hay seguridad para nadie”, aseguró uno de los excombatientes que habitaba el ETCR Román Ruíz.
“No nos vamos porque queremos, nos vamos obligados. Ya nos han asesinado a once compañeros del Partido. A través de la Asamblea General, acordamos el traslado forzado por la falta de garantías de seguridad”, cuenta una firmante de la paz.
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Juan Pablo Patiño, coordinador regional del CNR afirmó que: “Nos vimos forzados a salir ante el riesgo de seguridad que hay por las disputas que hay sobre el territorio en Ituango, donde los actores armados del bajo Cauca y, según dicen, los del Golfo tienen una disputa y el Estado colombiano no ha podido garantizar la seguridad de las comunidades, y mucho menos de las personas en proceso de reincorporación”.
Por lo tanto, el grupo de excombatientes espera que el Gobierno les cumpla con lo pactado y les garantice medidas de seguridad efectivas para que no se presenten más desplazamientos por estos motivos, ni que sigan registrando los asesinatos de sus compañeros.
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“Seguiremos insistiendo en la paz, pero que todo el mundo sepa que el Gobierno colombiano es cómplice del desplazamiento forzado y del exterminio que vivimos”, señalaron los excombatientes.
Por su parte, Andrés Stapper reiteró que el Gobierno Nacional seguirá garantizando la estabilización de los territorios para los excombatientes, “con el máximo de garantías para su reincorporación”.
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Además, el director de la ARN afirmó que “Dentro de la estrategia de transformación y consolidación de estos AETCR, el Gobierno Nacional continuará trabajando de manera articulada en todo el territorio para que estos espacios sean seguros y cuenten con la oferta de servicios necesaria para garantizar la implementación de la ruta de reincorporación”
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