Por segunda vez, la Upme lanzó la convocatoria para que inversionistas presenten sus propuestas por la Regasificadora del Pacífico. La primera convocatoria de este tipo se lanzó el año pasado y fue declarada desierta. Ahora, la Unidad, realizó modificaciones y lanzó de nuevo la convocatoria. Christian Jaramillo, director de la entidad, explicó los principales cambios en esta nueva ronda.
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¿Cuáles fueron los principales ajustes?
Lo primero es que existía una posibilidad de que la obra se encuentre definitivamente frenada y a los inversionistas no les quedaba claro qué pasaba en ese momento. Entonces hubo que cambiar eso, decir qué pasaba si había un motivo que paraba la obra. Desde la vez pasada nosotros establecíamos cuándo tenían que entregar la obra, pero si se atrasa, le damos un anillo de seguridad, que es un plan b de cumplir mientras termina. Esto tiene un límite de tiempo. Los inversionistas consideraron que servía, porque no se entra en incumplimiento, pero les causaba un problema y es que la remuneración se retrasa también.
Los inversionistas decían que, pese a que la obra se retrasa, ellos sí están entregando el gas. A nosotros también nos preocupaba eso porque nosotros pagamos y aún así existe la posibilidad de que la obra no entre. Encontramos una solución y es que se corran los pagos constituyendo una garantía bancaria, que hace que si no se entrega la obra, cobremos la garantía.
¿Cambió algo respecto a cómo se remunera por medio de las tarifas?
Estamos hablando de confiabilidad aquí, que es un seguro. Estos funcionan para cuando pasa algo. La regulación dice que lo tienen que pagar los beneficiados, así que el primer trabajo fue definir quiénes. Había una pelea, porque había gente que no quería pagar. Por eso había discusiones de cuánto tenía que pagar cada uno. Eso es una tarea de la Creg, ellos no lo cambiaron, pero sí lo aclararon.
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El proyecto de la Regasificadora del Pacífico ha sido criticado varias veces (imagen de referencia).
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¿Por qué hacerla en el sur, teniendo en cuenta los costos?
Hacerla en Buenaventura tiene beneficios. Si uno mira el mapa del gas de Colombia, es la zona que no tiene, si seguimos poniendo gas arriba, cada vez que haya un daño en el tubo no vamos a tener gas abajo. Por ende si podemos elegir dónde poner gas esto sería en el sur.
Es más caro construirlo, pero transportar el gas es más barato y se gana en confiabilidad. Si lo ponemos en La Guajira, es muy cerca de dónde se conecta, pero todavía hay que llevar el gas al sur y eso vale US$6 por Mbtu. Si se contabiliza la construcción de la obra, comprarlo y llevarlo al sur, en ese caso sale mucho más caro que ponerlo abajo, donde se necesita. La diferencia entre el Valle y Magdalena sería de US$6 por Mbtu por el transporte. Nosotros miramos cuánto vale el gas para el consumidor, no solo la obra.
¿Cuándo podría haber una definición del seleccionado?
En febrero se cierra la convocatoria. Nos demoramos un mes evaluando los sobres técnicos que nos lleguen, para asegurarnos de que las condiciones son las que estamos pidiendo. Cuando se decide quién clasifica, viene la parte sencilla, porque es la más barata. En marzo sabemos quién se queda con el proyecto.
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¿Qué pasaría si vuelve a declararse desierta?
Lanzamos una convocatoria y perdimos un año porque fue declarada desierta. Y ya estamos viendo un déficit en el balance de gas en 2027 y la obra no estaría todavía. Es un déficit pequeño y si hay un Fenómeno de ‘El Niño’ y eso vendría a significar que tendríamos que prender las térmicas con diésel, que contaminan más. Eso lo podríamos manejar y la obra llegaría a finales de 2027. Si se aplaza un año más, ya el déficit es tan grande que no estoy seguro de que podamos manejarlo.
Daniela Morales Soler
