Redacción
GINEBRA (Reuters) – Un experto en derechos humanos de Naciones Unidas pidió el lunes a los países que tomen medidas contra la junta de Myanmar mediante sanciones económicas y un embargo de armas tras la ejecución de cuatro activistas por la democracia.
El ejército gobernante de Myanmar anunció el lunes que había ejecutado a cuatro activistas por la democracia acusados de ayudar en «actos terroristas», lo que provocó una condena generalizada de las primeras ejecuciones del país en décadas.
Cuando se le preguntó en una entrevista qué se debe hacer en respuesta, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, dijo: «Hay varias opciones y lo que necesitamos ver es que la comunidad internacional comience a aprovecharlas».
«La primera opción, la mejor opción, es que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna para aprobar una resolución enérgica no solo de condena, sino de acción estratégica clara, sanciones, sanciones económicas y embargo de armas» y remita el caso a la Corte Penal Internacional, agregó en la misma entrevista desde Washington.
Pidió más apoyo para la respuesta humanitaria, que fue financiada solo en un 10%, y un compromiso más coordinado con el gobierno en la sombra en Myanmar, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que está liderando los esfuerzos para socavar a la junta.
Los funcionarios de la embajada de Myanmar en Washington y su misión diplomática en Ginebra no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los comentarios de Andrews. La junta ha defendido anteriormente las sentencias de muerte como justificadas y utilizadas en muchos países.
Andrews también expresó su preocupación por nuevas ejecuciones y dijo que «al menos 140 personas» habían sido sentenciadas a muerte.
«Así que todo indica que la junta militar tiene la intención de seguir llevando a cabo las ejecuciones de los que están en el corredor de la muerte, mientras sigue bombardeando pueblos y deteniendo a personas inocentes en todo el país», dijo.
Las autoridades de Myanmar han dicho anteriormente que solo usan la fuerza cuando es necesario para contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional.
Condenados a muerte en juicios secretos en enero y abril, los cuatro hombres ejecutados fueron acusados de ayudar a un movimiento de resistencia civil que ha luchado contra el ejército desde el golpe del año pasado y la sangrienta represión de las protestas en todo el país.
«Creo que es una demostración para todos nosotros de que no hay límites para la profundidad de la depravación de esta junta militar», dijo Andrews.
(Reporte de Emma Farge; Escrito por Michael Shields; editado por Grant McCool)
