Redacción
Como violatorio de la Constitución y atentatorio del Estado de Derecho calificaron varios juristas el Decreto 2422, a través del cual se crea una comisión que estudiará caso a caso la posible liberación de integrantes de la Primera Línea para que se conviertan en voceros de paz.
Es así como el abogado penalista Francisco Bernate manifestó que los únicos que pueden liberar a personas privadas de la libertad son los jueces de la República, por lo que la medida contemplada en la norma firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 9 de diciembre “desconoce la separación de poderes, que es la base de nuestra Constitución y, por eso, no puede decidir sobre libertades”.
Agregó que el decreto podría ser demandado ante el Consejo de Estado, dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición, por los vicios de inconstitucionalidad que presenta al tomar este tipo de decisiones en cabeza del Ejecutivo.
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Según la norma, la comisión estará dirigida por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y lo acompañarán los titulares de las carteras del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez, así como el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano.
Dicha instancia, creada al amparo de la Ley de Paz Total, deberá “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros” (ver recuadro).
Quiere decir que la responsabilidad sobre la libertad de dichos jóvenes recaerá exclusivamente en el Gobierno Nacional, “sin intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría, la Fiscalía y la Rama Judicial, la cual, en ese tipo de asuntos, resulta fundamental”, señaló el abogado constitucionalista Juan Camilo Henao.
Por ello, aseguró que “la última palabra la tendrá la Corte, al determinar si ese decreto viola la Constitución, la ley penal y la separación de poderes”.
También llamó la atención sobre el hecho de que la polémica norma “deja abierta una puerta para que el Presidente pueda hacer uso de esta facultad de forma discrecional basándose simplemente en lo que considere que puede ayudar a mejorar la ‘conflictividad social’”, lo que “es un exabrupto, porque la decisión se concentra exclusivamente en el Presidente de turno, resultando peligroso para el Estado de Derecho”.
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De su lado, el también constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que se observan vacíos en el texto del 2422, porque “no habla de liberación ni excarcelación de esos ‘voceros’, sino que lo hace respecto a los representantes de los grupos alzados en armas, de manera que la ley no es lo suficientemente clara”.
En el mismo sentido, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras mencionó en su columna de El Tiempo que aunque el Gobierno quisiera otorgarles un indulto a estos jóvenes, no sería posible, dado que están siendo investigados por delitos que no están relacionados con el conflicto armado.
“En los procesos se probó la autoría de estas personas en delitos contra la vida y la integridad personal, así como contra el patrimonio público”, indicó y señaló que, como el Gobierno del presidente Petro no pudo liberarlos por vía legal, está “violentando la propia figura del gestor de paz, que claramente se fundamenta en el interés de liberar personas que puedan colaborar para el desarrollo de acuerdos humanitarios o a avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo ilegal al que pertenecen”.
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Entre tanto, el abogado Henao recordó que “ya hay decisiones de los jueces que determinaron que esas personas debían estar en sitios de reclusión penitenciarios” y que la denominación de ‘voceros “solo sería aplicable para aquellos que se encuentren con orden de captura vigente y no para suspender medidas ya tomadas en procesos penales por los jueces”.
Recalca el constitucionalista que “las decisiones judiciales que ya están tomadas deben respetarse y los procesos deben seguir su curso, sin ninguna intervención del Ejecutivo”.
Y Charry advirtió que “si no hay una norma legal clara ni una norma en qué sustentarse (las liberaciones), pues vamos a tener duras discusiones jurídicas y probablemente no se pueda liberar a esas personas”.
Entre tanto, el exvicefiscal general de la Nación Wilson Martínez coincidió en que están desconociendo las decisiones de los jueces y aseguró que el presidente Petro estaría cometiendo un delito.
“Yo no sé cómo piensa el Gobierno Nacional presionar a los jueces para que emitan esas órdenes de excarcelación. Si lo que pretenden es que el Inpec omita la obligación de requerir la boleta de excarcelación y que proceda a ponerlos en libertad, atendiendo un decreto, eso es básicamente un prevaricato por acción”, sostuvo.
