Redacción
Me citaron en uno de los quioscos que quedan frente al parque Berrío. Un tipo, que después se convirtió en mi ‘protector’, me pasó una bolsa con un jabón y una camiseta. Me dijo que era un regalo. Luego me presentó a otro tipo que me tomó del brazo y me llevó a un hotel a dos cuadras. Así empezó mi infierno”.
Este relato es de Natalia –documentado hace unos meses por EL TIEMPO–, cuando su madre decidió vender su virginidad. Ella apenas tenía 12 años.
(Reportaje interactivo: No más niñas invisibles)
Es uno de los tantos casos de explotación sexual a menores que día a día se repiten en el país. Con un resultado en común: miles de menores expuestos a cualquier cantidad de vejámenes y la mayoría de sus casos en la impunidad.
Por lo menos así lo revelan las más recientes cifras de la Fiscalía, enviadas al Congreso para un debate de control político sobre trata de personas y explotación sexual comercial de niños, según las cuales la impunidad en estos casos supera el 95 por ciento.
De acuerdo con el informe del ente investigador, desde 2010 a la fecha se han abierto 7.509 procesos por pornografía con menores, pero solo 193 tuvieron sentencias sancionatorias o condenatorias, es decir, únicamente el 2,6 por ciento.
Lo mismo ocurre con el delito de ‘explotación sexual comercial de menores’. Desde 2010 se han iniciado 1.833 procesos por este flagelo, pero solo se registran 88 condenas, es decir, 4,8 por ciento de los casos.
La representante Ángela Sánchez, citante del debate, aseguró que “la efectividad del Estado frente a este tipo penal es cuestionable”.
Sustento con cifras
Y su afirmación la sustenta con cifras. “Delitos como inducción, constreñimiento y estímulo a la prostitución infantil desde el año 2010 a la fecha presentan 1.817 procesos, pero tan solo 54 condenas; es decir, que en 10 años solo se ha hecho justicia únicamente al 3 por ciento de los menores víctimas de la prostitución”, aseguró la congresista.
¿A qué se deben las pocas condenas para este tipo de delitos? La representante señaló que existen problemas en la adecuación del tipo penal por parte de los operadores jurídicos, que hace que haya menos imputaciones y que el delito parezca invisible.
“Pareciera que para la Fiscalía y los jueces fuese menos complejo investigar los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual que los delitos contra la libertad individual, como en el caso de la trata de personas”, indicó Sánchez.
(También: ‘Los dramas de nuestras niñas no pueden seguir siendo invisibles’)
Frente a este tema, la viceministra de Defensa, Diana Abaunza, aseguró que “muchas veces no se identifica el delito o quien es víctima no lo identifica, y debemos generar una capacitación de autoridades y sociedad para que tengamos los suficientes canales de denuncia”.
El informe conocido por este diario muestra que, además de la impunidad, también hay preocupación por el aumento en la incidencia de estos delitos que se agrupan dentro de la explotación sexual a menores.
Por ejemplo, en el caso de la pornografía de menores pasaron de iniciarse 723 investigaciones en 2015 a 1.280 en 2019, lo que indica que los procesos aumentaron casi el doble.
Por explotación sexual comercial con menor de 18 años se pasó de 135 aperturas de investigaciones en 2015 a 335 en 2019, o sea, más del doble de procesos.
“Aquí tenemos que trabajar de manera conjunta con acciones multisectoriales para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes”, aseguró la directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Lina María Arbeláez.
Por su parte, el congresista César Lorduy, quien fue ponente de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, hizo un llamado para que se dé la pronta reglamentación de este mecanismo para tener “penas ejemplarizantes”, al tiempo que se busca combatir la impunidad.
“Con ese panorama, las esperanzas de un accionar contundente contra violadores, abusadores y homicidas de niñas y niños todos los días son más lejanas. La impunidad en estas materias no se puede convertir en el aliento para los criminales”, indicó Lorduy.
Aquí tenemos que trabajar
de manera conjunta con acciones multisectoriales para garantizar
la protección de niños, niñas y adolescentes
Menores acogidos
Una muestra de la vulnerabilidad a la que cada vez más están expuestos los menores es que, según informe del ICBF, desde 2014 hasta el 31 de agosto de este año, la entidad ha acogido a 72.543 menores que han sido víctimas de violencia sexual.
La región que más presenta casos desde el año 2014 hasta el 31 de agosto de 2020 es Bogotá, con 16.558 casos reportados, que equivale al 22,8 por ciento.
En segundo lugar se encuentra la regional Valle del Cauca, con 6.540 casos reportados, equivalentes al 9 por ciento”, dice el informe entregado al Congreso.
(Además: Desde 2014, ICBF acogió a 72.543 niños víctimas de violencia sexual)
“La regional Atlántico reporta 4.884 casos, que equivale al 6,7 por ciento. Sigue la regional Cundinamarca, con 4.554 casos reportados (6,3 por ciento del total). Las demás regionales se encuentran en porcentajes menores de 4,7 por ciento en la proporción de casos reportados”, indica el documento.
Pero precisamente uno de los hechos que más causa preocupación es que el fenómeno ha aumentado en los últimos siete años, al pasar de 7.290 menores acogidos en 2014 a 14.032 que fueron amparados en 2019; es decir, prácticamente el doble, lo que demostraría el incremento en los abusos y agresiones contra los niños, niñas y adolescentes.
Explotación sexual comercial
El documento también hace énfasis en otra modalidad de la que igualmente son víctimas los menores en Colombia: la explotación sexual comercial.
En este ámbito, el Instituto señala que desde 2014 han sido acogidos por la entidad 1.747 menores que han sido afectados por este flagelo.
Y en el panorama en relación con los casos de niños que han tenido que ser amparados por esos delitos en los últimos años, estos se han doblado. Según el informe, el ICBF pasó de acoger 162 menores por explotación sexual comercial en 2014 a 360 casos en 2019.
El panorama para los menores, a juzgar por las cifras, sigue siendo de hostilidad, mientras se espera una respuesta articulada del Estado, pues, como lo dijo Lorduy, “el país no puede vivir solo de lágrimas”.
Qué se hace
“Cuando el ICBF tiene conocimiento de casos de una posible situación de amenaza o vulneración, da inicio a las acciones pertinentes a través del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (Pard), que se adelanta a favor de los niños, las niñas y los adolescentes con sus derechos amenazados o vulnerados, y ejecuta las actuaciones administrativas y judiciales requeridas para la restauración de los derechos de estos sujetos de especial protección”, indica la información allegada a la Cámara para el debate de control político.
Según ese reporte, en el marco de la atención especializada, en los casos de violencia sexual, una vez conocido el hecho, las autoridades administrativas adelantan la activación de la Ruta Intersectorial para que el sector salud garantice la atención.
Lo anterior debido a que la violencia sexual es considerada una urgencia médica, por lo que se debe brindar la atención frente a la estabilización física y emocional. De igual forma, se garantiza el acceso a la justicia con la formulación de la denuncia penal, en caso de que no se haya surtido.
Libres por explotación sexual
En contraste con estas cifras, para ese mismo debate, el Inpec reveló un informe en el que evidencia que desde 2010 y hasta diciembre de 2019 salieron libres 988 personas que habían sido señaladas o condenadas por trata de personas y explotación sexual.
Cabe aclarar que estas 988 personas corresponden a delitos contra “mujeres, niñas, niños y adolescentes”, es decir, no contempla solo agresiones contra menores de edad.
“Verificada la identificación de estas personas con los actuales privados de la libertad en situación jurídica de condenados, se registra un reincidente”, agrega la información del Inpec.
Según el anexo del instituto penitenciario, en los próximos cinco años podrían quedar libres otras 520 personas que fueron condenadas por estos mismos delitos y que hoy permanecen privadas de la libertad.
(De su interés: Explotación sexual de niñas, activa durante aislamiento)
Este debate se da justo en momentos en que, según borrador conocido por EL TIEMPO, el Gobierno se apresta a reglamentar la cadena perpetua para violadores.
Sin embargo, el tema ha generado polémica, pues la reglamentación señala que con 25 años físicos en la cárcel, el victimario podría recuperar la libertad.
Esto fue criticado por el representante César Lorduy, ponente de esta reforma constitucional en el Congreso.
“Lo que debería suceder es que la revisión, si así lo considera el juez, quite la cadena perpetua y deje el máximo de la pena que sin cadena perpetua le hubiera sido impuesta. De lo contrario, todos los delitos contra menores quedarían rebajados a 25 años”, indicó Lorduy.
JAVIER FORERO ORTIZ
Redacción Política
