Los gremios exportadores de Colombia pusieron la lupa sobre las condiciones para el tributo y el funcionamiento de las zonas francas que promueve el nuevo proyecto de reforma tributaria radicado este lunes por el Gobierno nacional ante el Congreso.
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Ubicado dentro del capítulo 2, que habla sobre la renta para personas jurídicas, se busca modificar el artículo 240 del Estatuto Tributario actual que establece las tarifas especiales del impuesto que para 2021 era del 20% a diferencia del 31% en términos generales.
Entre las razones por las que el Gobierno nacional toca este apartado en el articulado de la reforma tributaria, se debe a que actualmente “el 75% de las compañías que utilizan este tratamiento especial son nacionales sin vocación exportadora”.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio que cita el texto promulgado, en el país hay 121 zonas francas declaradas por todo el territorio nacional.
Y, según datos recopilados por la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, las exportaciones desde estas zonas sumaron US$2.700 millones FOB en 2021 y, en el período enero-mayo de 2022, las zonas francas registraron un superávit comercial de US$227,5 millones FOB.
Las propuestas
Entre las propuestas concretas del articulado se contempla una cuota de un 20% de impuesto sobre la renta de las personas jurídicas usuarias, siempre y cuando cumplan con un plan de internacionalización aprobado y vigente para el 2024, año a partir del cual iniciaría este gravamen. El 2023 sería un año de transición a esta tarifa. Además, estas firmas deberán comprometerse con un mínimo de exportación.
Las empresas que no cuenten con un plan aprobado deberán pagar un impuesto sobre la renta establecido en el mencionado artículo del Estatuto Tributario del año gravable en el que incumplan tal condición.
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Asimismo, el texto radicado propone un gravamen del 35% para el impuesto sobre la renta para aquellas zonas francas de uniempresariales.
Las observaciones
Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, comentó a Portafolio el reparo sobre la obligatoriedad del plan de internacionalización.
“La implementación del plan de internacionalización debe ser gradual para que las empresas que no exporten en la actualidad puedan prepararse para atender los mercados internacionales, más aún teniendo en cuenta los diferentes factores exógenos de la coyuntura global”, dijo Díaz, quien también pidió que las zonas francas uniempresariales también sean consideradas para ser cobijadas esta propuesta.
Por su parte, Miguel Ángel Espinosa, presidente de Fitac, señaló que al establecer las condiciones “se está poniendo en riesgo la sostenibilidad de las inversiones y la certidumbre jurídica, lo cual es un dolor de cabeza permanente para el sector empresarial nacional y extranjero (…) La reforma no debe ser un mecanismo que distorsione las operaciones de las zonas”.
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Martín Ibarra, presidente de la consultora Araújo Ibarra, considera que lo que busca el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con las propuestas es “reorientar la vocación de las exportaciones”.
Los casos exentos
De acuerdo con el proyecto de ley de reforma tributaria, quedarían exentos los usuarios de nuevas zonas francas creadas en el municipio de Cúcuta entre enero de 2017 a diciembre de 2019, los cuales seguirán contando con una tarifa del 15% siempre y cuando cumplan con más de 80 hectáreas, que se garantice que la nueva zona franca tendrá más de 40 usuarios entre empresas nacionales o extranjeras y que cuenten con un plan de internacionalización aprobado y vigente al 1 de enero del año gravable, y que cumpla con el mínimo de exportaciones que establezca el Gobierno Nacional, tal como se plantea en el articulado del Ministerio de Hacienda radicado el lunes.
ROBERTO CASAS LUGO