Redacción
Díganme una cosa: ¿es que la corrupción en Colombia no tiene límites ni tiene frenos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si ya no se puede confiar ni en el medicamento que uno se toma, ¿entonces en quién?
(Lea: En 2019, se incautó contrabando avaluado en $237.920 millones)
Ya esto no lo aguanta nadie. Hemos llegado al colmo de los colmos. Ya no queda trampa sin estrenar ni delito que no se haya cometido. Perdonen ustedes si parezco indignado, pero es que lo estoy, hasta el tuétano de los huesos, y también disculparán que se los cuente así, de un solo golpe, de sopetón, como si fuera un porrazo.
Colombia está entre los diez países del mundo que más producen y comercializan medicamentos falsificados. No lo digo yo, lo dice nada menos que el Instituto Internacional contra la Falsificación de Medicamentos. Y, entre las regiones del mundo, América Latina aparece en segundo lugar, superada solo por Asia en este campeonato de la infamia.
Aterrado por semejantes revelaciones, hablo con los que saben, los que investigan, los que conocen el fondo de la realidad. Los propios laboratorios, que producen o importan los remedios, se unieron para enfrentar semejante problema.
En el año 2010 crearon una corporación con nombre poético, Punto Azul, que hoy tiene 290 asociados. Son ellos los que se encargan de combatir la falsificación del contenido o de las fechas de vencimiento, así como el contrabando. Han recogido más de mil toneladas de medicamentos viejos en todo el país.
Remedios viejos y basura
El director ejecutivo de la Corporación Punto Azul es Jorge Enrique Trujillo Sánchez, un economista oriundo de Lorica, en tierras cordobesas, y sobrino del inolvidable escritor David Sánchez Juliao.
Con él me pongo a comentar una costumbre ancestral colombiana, convertida ya en tradición y en parte de nuestra cultura, según la cual las amas de casa no botan ni destruyen los remedios vencidos. Simplemente los dejan ahí, en el dormitorio, formando parte de lo que ellas mismas llaman ‘el reguero de la mesita de noche’: frascos y cajas, píldoras y jarabes, antibióticos y analgésicos.
“A esa tradición familiar –me dice el señor Trujillo Sánchez– se agrega que, cuando por fin la señora decide deshacerse de las medicinas vencidas, las deposita completas en la caneca de su casa, junto con todos los demás desperdicios, y con la caja original o el frasco”.
Eso, precisamente eso, es lo que más facilita la manipulación o adulteración del remedio: simplemente lo rescatan de la basura, le hacen una etiqueta nueva y le ponen nueva fecha. “El resto es sencillo”, comenta Trujillo. “Manos criminales cogen el frasco, lo llenan de una sustancia cualquiera y, vendiéndolo a menor precio, ponen en riesgo la vida de la gente”.
Los pobres animales
El señor Trujillo también nos recuerda –a mí y a los lectores– que en cada farmacia hay un puesto de Punto Azul en el cual, precisamente, les reciben los medicamentos vencidos para que no se queden rodando por ahí.
Entonces, intrigado, empiezo a preguntar cómo es que hacen esos delincuentes para reproducir la envoltura de unas pastillas o la etiqueta de un frasco, si eso es muy complejo.
“Ay, mijito –me replica una amiga, con triste sonrisa de dolor–. Si en Colombia somos capaces de fabricar los mejores dólares y euros del mundo, cómo no vamos a poder con una cajita de esas”.
Ni los animales, los pobres animales, se escapan de esta patraña. También las drogas veterinarias están siendo falsificadas.
“Hemos confirmado que en Colombia ya existen bandas completas dedicadas a recoger medicamentos vencidos o deteriorados para falsificarlos –prosigue Trujillo Sánchez–. Para combatirlas estamos trabajando articuladamente con la Policía Fiscal Aduanera (Polfa)”.
Hace dos años, a finales del 2017, la Policía había decomisado 3,8 millones de medicamentos falsos. Su valor fue estimado en cerca de 7.000 millones de pesos. Se espera que en el 2019 el decomiso llegue a 4,6 millones de medicinas.
Por ciudades y regiones
Según estadísticas de Punto Azul, las ciudades donde más se ha concentrado este delito son Ipiales, Cúcuta, Barranquilla y Bogotá. Es lógico sorprenderse de que dos ciudades como Ipiales, en Nariño, y Cúcuta, en Norte de Santander, estén por encima de Barranquilla y Bogotá.
La respuesta la tiene Alba Rocío Rueda Gómez, que dirige la Asociación Colombiana de Droguistas (Asocoldro).
“Es que son ciudades fronterizas –dice ella–, donde la aglomeración humana es más grande y revuelta. Ellos ni siquiera se imaginan el gran peligro que eso representa”.
José Luis Méndez, médico y presidente de la Asociación de la Industria Farmacéutica (Asinfar), me dice que esas bandas están proliferando ya por todo el país: “Es cierto que en Colombia hay un problema de ‘mercado negro de medicamentos’, de magnitudes que nadie ha podido medir, y que atenta peligrosamente contra la salud pública de los colombianos”.
Les pregunto a mis contertulios si, además de la Policía Fiscal y Aduanera, hay alguna otra autoridad que esté colaborando en la lucha contra los medicamentos falsificados. Me responde la señora Rueda Gómez que, como ya dije, representa a droguistas y farmaceutas.
“Ponemos quejas, demandas, denuncias –dice ella–. Y nada, no pasa nada. Hay ciudades llenas de vendedores callejeros de medicinas. Hay esquinas donde no se puede caminar porque los camiones están parqueados vendiendo remedios. Ya hay hasta vendedores ambulantes de eso. Abren falsas droguerías en los garajes, con letrero y todo. O en las plazas de mercado”.
¿Y dónde está el Gobierno? ¿Y el Invima, que es el organismo encargado de vigilar medicamentos y alimentos?
Otra de las protestas frecuentes de laboratorios y droguistas es la del contrabando de medicinas, “que se ha convertido en una de las actividades más lucrativas para quienes la practican”, añade Alba Rocío Rueda. “Las autoridades de control nos han dicho es que esos productos vienen especialmente de Ecuador y Venezuela”.
“Lo peor –dice, por su parte, José Luis Méndez– es que existen farmacias, droguerías, depósitos, que les compran a falsificadores o contrabandistas, poniendo en peligro la vida de los colombianos”.
¿Fechas anticipadas?
Es cierto: en los últimos años, el contrabando de medicamentos hacia Colombia ha tenido un aumento descomunal. Pero, como la verdad hay que decirla completa, ello se debe –como lo he demostrado tantas veces en estas mismas crónicas– a la monstruosa diferencia de precios que hay, para perjuicio nuestro, entre los precios que cobran por el mismo producto en Colombia y en los países de la región similares a nosotros.
Como yo tengo la obligación moral de oír las opiniones de todas las partes implicadas en una noticia, también salí a buscar otros conceptos, distintos a lo que dicen los laboratorios y droguerías.
Y todo parece indicar que si por acá llueve, por allá no escampa. En varios países del mundo, especialmente en Estados Unidos, hay un gran debate sobre las fechas de vencimiento de los remedios. Varios investigadores afirman que los fabricantes acortan mañosamente las verdaderas fechas para que la gente se vea obligada a comprar más.
Insulina y antibióticos
Uno de esos denunciantes es nada menos que el médico estadounidense Richard Altschuler, graduado en la Universidad de Minnesota y profesor en varias instituciones.
“¿Tiene alguna validez la fecha de vencimiento que figura en los medicamentos?” es la pregunta con que Altschuler inicia su informe. Y sostiene que, inclusive, “quince años después de esa fecha, la mayoría de los medicamentos conservan su potencia”.
Como si fuera poco, el propio Gobierno de Estados Unidos hizo un estudio monumental con más de nueve millones de medicamentos y concluyó que “la mayoría de ellos conservan su potencia hasta diez años después de la fecha de caducidad”.
Sin embargo, Washington ha advertido que algunos remedios, como la insulina, la nitroglicerina y los antibióticos en forma líquida, no resisten tanto tiempo.
Responden los laboratorios
“La verdad es que, con los controles tan estrictos que hoy existen, yo no creo que los laboratorios puedan hacer algo así”, comenta José Luis Méndez, el presidente de Asinfar.
Por su parte, Jorge Enrique Trujillo, el director de Punto Azul, agrega que no son los laboratorios sino el Estado el que establece las normas que se deben seguir al fijar las fechas de vencimiento.
“Además –añade–, esas fechas no pueden ser las mismas en regiones diferentes, con climas distintos. Y, adicionalmente, el ciudadano debe observar las normas de almacenamiento que se establecen en el empaque: condiciones climáticas, guardar en lugar frío o en lugar seco, no exponer a la luz”.
Luego le pido que me explique cómo se establece la duración de un medicamento, su vida útil, su integridad.
“Eso se logra a través de los llamados ‘estudios de estabilidad’ –responde él–, que predicen el tiempo durante el cual el medicamento conserva su eficacia y calidad. Después de ese tiempo, no es posible asegurar que subsista su eficacia porque factores como la temperatura y la humedad ambiental pueden degradarla”.
Epílogo
También hace falta, de urgencia, una campaña intensa para informar y educar a la opinión pública sobre todos estos temas tan delicados.
Entonces, ¿en qué quedamos, por fin?
¿Quién es el que está haciendo trampas? ¿Los falsificadores, que adulteran fechas vencidas y remedios vencidos para volverlos a vender? ¿O los laboratorios, que les ponen plazos corticos a sus productos para que se venzan rápido y la gente se vea obligada a seguir comprando? ¿O ambos?
JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO
