Redacción
Mientras familiares de los cinco menores que fueron masacrados el 11 de agosto denunciaron que algunos de ellos han recibido amenazas de muerte en las últimas dos semanas, familiares de los seis jóvenes asesinados en Tumaco también señalaron amenazas en su contra.
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Los seis jóvenes fueron hallados sin vida, el sábado, en la zona La Guayacana, de Tumaco.
Los primeros reportes dan cuenta de que estas familias en Tumaco se desplazaron por temor al recrudecimiento de acciones de grupos armados al margen de la ley en esa zona nariñense. Están buscando refugios seguros y piden acciones de las autoridades.
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Esta situación se registra cuando las autoridades buscan a los perpetradores de la emboscada de una patrulla de la Policía en Tumaco, en la noche del domingo 23 de agosto. Los uniformados estaban haciendo acompañamiento para la entrega de los cadáveres de los seis jóvenes de La Guayacana.
En la emboscada murió un policía y el vehículo en el que la Fuerza Pública se movilizaba quedó incinerado. Este ataque se registró en la vía que de Llorente conduce a Tumaco.
En cuanto a los niños asesinados en Llano Verde, la Policía Nacional informó que, hasta ahora, el material recogido en el cañaduzal donde se encontraron los cuerpos no darían indicios de que la Fuerza Pública estuviera involucrada en el múltiple crimen.
Las familias de las víctimas pidieron celeridad en la investigación, pues ya van dos semanas sin conocer quiénes perpetraron la masacre en esta zona del oriente de Cali.
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La Fiscalía, por su parte, informó que se trabaja con drones y con aplicación de tecnología, además de que se están recopilando muestras para someterlas a análisis en un laboratorio biológico.
Hay más de 30 investigadores, entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Dijin de la Policía Nacional, trabajando en el caso.
La Fiscalía viene trabajando con drones para hacer evaluaciones del terreno
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El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, indicó: «En esa revisión que estamos haciendo encontramos el procedimiento de la Policía ajustado a la ley».
El alto oficial dijo, además, que hay avances significativos en términos técnicos, al tiempo que se afianza en la aplicación de peritajes científicos en el cañaduzal.
Vargas anotó que se están analizando elementos con otros hallados en esta zona del barrio Llano Verde, creado hace siete años para familias en condición de desplazamientos, de reinsertados y de quienes fueron reubicados por vivir en zonas inundables en el jarillón del río Cauca.
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El general Vargas manifestó que la Policía ha venido haciendo entrevistas a la comunidad de Llano Verdes, entrevistas que estarían dando luces en la investigación.
Sin embargo, algunos habitantes de Llano Verde, así como familiares de los cinco menores cuestionan la labor de la Policía, en relación con no haber detenido a dos supuestos hombres que habrían visto salir del cañaduzal esa noche del martes 11 de agosto, untados de sangre y con machetes.
Algunos de estos familiares insisten en preguntar por qué las autoridades no han profundizado en la investigación ni han buscado a estos hombres que, según ellos, salieron de manera sospechosa del cañaduzal.
El alcalde Jorge Iván Ospina reiteró el llamado que hizo hace dos semanas e instó a que los responsables del crimen se entreguen.
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Ese martes, los menores Álvaro Caicedo, Léider Cárdenas, Luis Fernando Montaño, Josmar Jean Paul Cruz y Jair Cortés fueron vistos por última vez por sus familias y allegados en la mañana de aquel 11 de agosto.
No fueron a almorzar a sus casas y al final de la tarde sus familiares se preocuparon y empezó la búsqueda.
Fue así que una de las allegadas dio aviso a otros familiares que habían encontrado los cadáveres con señales de disparos, heridas con armas cortopunzantes y golpes.
CALI
