Redacción
Ramón Rodríguez, director general de la Unidad de Víctimas, celebró el que se haya prorrogado por diez años más la Ley de Víctimas, pero sabe que si no se hacen modificaciones, ese plazo no alcanzará para cumplir las metas.
“Si no hacemos los ajustes, fácilmente no van a ser ni diez, ni veinte, ni treinta años. Tenemos que pensar en ser muy coordinados, muy asertivos en las decisiones que tomemos y siempre enfocados a poder avanzar en la ruta de reparación, si no, pasarán muchos años”, apunta.
Rodríguez hizo énfasis en que los miembros de las antiguas Farc no han entregado los recursos con los que se comprometieron para reparar a sus víctimas.
“No se ha recibido ni un peso de los recursos de la firma de los Acuerdos de Paz con lo que se comprometieron las Farc para indemnizar a sus víctimas. Esperábamos este año recibir treinta mil millones, pero no se han recibido”, dice.
Puede leer: Policía resultó herido en ataque de disidencias de Farc en Jamundí
¿Qué significa para el país y para las víctimas que se haya aprobado la prórroga de la Ley de víctimas?
Esto le significa al país, pero principalmente a las víctimas, la tranquilidad en el sentido de saber que tienen diez años más para avanzar en toda la ruta de atención, asistencia y reparación. Sabemos que solo hemos llegado casi que al 15 % de víctimas indemnizadas por vía administrativa, que tenemos una gran tarea, y eso le da un parte de tranquilidad a las víctimas.
Entonces, por eso hoy podemos celebrar que son diez años más, pero son diez años para los que hay que pensar en ajustes significativos para tener unos resultados muchos más amplios al finalizar esa vigencia que se hace en esta prórroga.
¿De dónde va a salir el dinero para reparar a las víctimas en estos diez años?
En estos momentos, para poder firmar la sanción presidencial, estamos haciendo un ejercicio con el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y directamente nosotros como Unidad con el propósito de garantizar el documento Conpes que permita la financiación de la ley durante este tiempo. ¿De dónde van a salir? Principalmente del Presupuesto General de la Nación.
Estamos haciendo también un esfuerzo muy grande con los fondos y con los recursos que se han recibido de los victimarios, los principales son los de Justicia y Paz, a través de la Ley 975, y que son los bienes que administramos en el fondo. Necesitamos la extinción de dominio muy rápida de estos bienes para poderlos monetizar y pagarles a las víctimas con estos recursos.
¿Y los recursos provenientes de las extintas Farc?
Es importante hacer énfasis en que no se ha recibido ni un peso de los recursos de la firma de los Acuerdos de Paz con lo que se comprometieron las Farc para indemnizar a sus víctimas. Esperábamos este año recibir treinta mil millones, pero no se han recibido. Esperamos que se dé el primer trimestre del próximo año, y eso llegaría a robustecer toda la parte presupuestal para poder avanzar en esa ruta. Por ahora, el esquema de financiamiento que se está haciendo para estos diez años con el apoyo de Planeación Nacional está contemplado solamente con el esfuerzo presupuestal que hace el Gobierno Nacional dejando las partidas cada año.
¿Qué hubiera pasado si no se prorroga la ley?
Habían varias alternativas, una era que la Ley 387 todavía tiene artículos vigentes, pero también existe el pronunciamiento de la Corte, en el cual decía que si el Ejecutivo o el Legislativo no hacían nada, automáticamente se prolongaba por diez años más la ley, pero instaba a estos poderes a hacer el proceso correspondiente para avanzar y garantizar que las víctimas del país fueran atendidas, asistidas y reparadas. Este es el gran compromiso y por eso se asumió ese reto y esperamos darle plenas garantías a las víctimas en este tiempo que falta, con los ajustes que sean necesarios.
¿A la fecha, cuántas víctimas hay en el Registro y cuántas han sido reparadas?
A la fecha, hay un universo de nueve millones cincuenta mil, de las cuales sujetos de atención de la medida de indemnización son aproximadamente siete millones y medio, de las que se ha avanzado en un millón cien mil. Todavía nos queda una gran tarea por hacer, tenemos en este momento más de seis millones de víctimas para ser indemnizadas, por eso necesitamos hacer ajustes para avanzar en esa ruta.
Tenemos que complementar con acciones que ya se han ido concertando con las víctimas, buscar otros mecanismos, como por ejemplo garantizarle la educación superior a un hijo de un núcleo familiar como una medida de reparación, ver la posibilidad de un subsidio de vivienda, entrega de tierras también como una medida de reparación, y que eso nos ayude a avanzar en los temas que tienen que ver en la indemnización por vía administrativa.
¿Por qué el proceso de reparación es tan lento? Hay quienes dicen que al ritmo que va tardará más de 50 años…
Cuando se hace el cálculo matemático, uno dice que si se avanzó en diez años con un millón cien mil, pues para llegar a seis millones se va a tardar cerca de 60 años, por eso reiteramos la necesidad de hacer los ajustes que sean necesarios para revisar los montos, para hacer ajustes frente a otras medidas que nos ayuden a sumar en lo que es la indemnización, conseguir recursos adicionales, no solamente del Presupuesto Nacional, sino de las otras estrategias, como los recursos de los victimarios y poder avanzar definitivamente en lo que tiene que ver con la reparación individual y colectiva.
¿Se les puede garantizar a la víctimas que estos diez años que faltan van a ser suficientes para esa reparación?
No se puede dar plena garantía de que en estos diez años se pueda cumplir a todas las víctimas porque si no hacemos los ajustes, fácilmente no van a ser ni diez, ni veinte, ni treinta años. Tenemos que pensar en ser muy coordinados, muy asertivos en las decisiones que tomemos y siempre enfocados en poder avanzar en la ruta de reparación. Si no, pasarán muchos años. Yo creo que cuando hay un componente tan importante, como son los Derechos Humanos, hay que avanzar, y las víctimas también se han dado cuenta de estos mecanismos y también han hecho propuestas a través de las mesas. Bajo ese proceso de concertación, garantizando la participación efectiva de las víctimas, vamos a lograr muy buenos resultados.
¿Cómo ha sido la atención a las víctimas durante la pandemia, se han detenido procesos?
La atención a las víctimas en estos momentos ha seguido, no hemos parado. Hemos hecho todo el proceso de prevención, atención a todas las emergencias humanitarias que se han presentado, hemos potencializado todos los canales virtuales para hacer los procesos de atención y avanzamos entregando más de doscientos mil millones de pesos en atención humanitaria, más de trescientas veinte mil víctimas atendidas con atención humanitaria de forma oportuna y también ya estamos llegando a los ochocientos mil millones de pesos en pagos de indemnizaciones, llegando a cerca de las ochenta y cinco mil indemnizaciones, la meta es llegar a las ciento veintisiete mil antes de terminar la vigencia.
Hay procesos que sí nos tocó esperar, como el proceso de reparación colectiva, que necesariamente se hace con las comunidades, y estamos aprovechando este último trimestre del año para volverlo hacer.
