Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta entre la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional en Bogotá y en varios municipios de Cundinamarca, Vichada, Quindío, Meta, Caquetá, Boyacá, Antioquia, Huila y Casanare.
Los activos están representados en 76 inmuebles, entre urbanos y rurales; 2 sociedades y 17 semovientes, cuyo valor podría superar los 107.000 millones de pesos. Según las investigaciones, pertenecerían a integrantes de la estructura ilegal de Eurípides Cooper Sánchez, quien fue capturado un abril de 2015, entre Maní (Casanare) y Cumaral (Meta).
Este hombre, en su momento, fue considerado uno de los supuestos mayores responsables de la salida de cargamentos de clorhidrato de cocaína en lanchas rápidas y barcos pesqueros con destino a Panamá y otros países de Centroamérica.
En ese sentido, los 95 bienes que estarían a nombre de personas que conformarían su organización fueron afectados con medias cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. La Sociedad de Activos Especiales asumirá la administración de los bienes.
En desarrollo de estas acciones la Fiscalía también ocupó con fines de Extinción del Derecho de Dominio bienes de Andrés Meneses Gasca, quien estaría vinculado con el presunto narcotraficante Eurípides Cooper, con quien habría sostenido negocios de compra y venta de bienes. En desarrollo de las investigaciones la Fiscalía determinó que a nombre de Meneses Gasca existían predios, presumiblemente, adquiridos con dineros ilícitos.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/AMPB/LPDS/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.