Redacción
De pasar de cometer una infracción tributaria y pagar a la Dian y recibir un regaño con una palmadita en la espalda, 112 empresas colombianas pasaron a ver un panorama bastante gris, ya que se les configuraron delitos sancionables con penas de prisión de más de 8 años y podrían enfrentar acciones de extinción del derecho de dominio.
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Así es la nueva realidad tributaria en el país desde que hace 15 meses empezara a operar la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, y que al corte de julio pasado ya tenía imputaciones por más de $2,6 billones.
Esta unidad sí que puede llegar a alcanzar lo que busca recaudar cualquier gobierno con una reforma tributaria y más aún, en la medida en que sus procesos se hacen más sofisticados y la Dian la provea de los insumos necesarios para perseguir los delitos.
Los fiscales e investigadores que integran esta dependencia se especializan en demostrar quiénes se quedan con el IVA, los que lo evaden, los que cometen delitos como ocultar activos o inflar pasivos en la declaración de renta; a descubrir las mafias del contrabando abierto, técnico y por lavado de dinero producto de actividades ilícitas, entre otros delitos.
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Esquivarlos no es una tarea fácil, para dar una idea de lo que se trata, mientras el FBI sufre para investigar al expresidente Trump, la división de delitos financieros de la Fiscalía de ese país, ya imputó al director financiero del magnate de la Trump Organization, Allen Weisselberg, y estudia usarlo como testigo en un caso fiscal contra el exmandatario. No se trata de investigadores novatos.
Volviendo a Colombia, en su tarea la dirección de Delitos Fiscales se encontró, con una estructura delictiva que había vendido facturas por más de $1,5 billones a empresas ‘legales’, para quedarse con el IVA que debían girar a las arcas del Tesoro Nacional (se estima que del Estado son cerca de $300 mil millones).
Los investigadores llegaron a la estructura, la desarticularon y encontraron que, al menos, 3.000 compañías ‘legales’, les compraban facturas falsas para descontar el IVA y quedarse con la plata.
De esas empresas los investigadores las filtraron de mayor a menor e iniciaron la imputación a 112 compañías que sumadas reportan las mayores cuantías, pues van desde los $20 mil millones y otras sobrepasan los $100.000 millones. En estos casos la Dirección no considera la configuración de una simple defraudación, sino que sus comportamientos se adecúan a los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
En los casos de omisión de agente retenedor o recaudador, una vez iniciadas las citaciones por parte del ente investigador, algunas compañías empezaron a pagar y al corte de julio pasado a las arcas del Estado ya habían ingresado más de $65.410 millones que debieron reconocer firmas involucradas en procesos penales en su contra por delitos fiscales.
Como consecuencia de lo anterior, claro, es posible que en el trámite del proceso se den imputaciones, archivos o preclusiones. Estos dos últimos casos se presentan cuando los implicados deciden adelantarse a las consecuencias penales y le giran al Estado los recursos por los que son investigados, para de esa manera frenar el proceso en su contra.
Frente a otro tipo de defraudación tributaria, las cosas son a otro precio, pues cuando la Fiscalía formula imputación, ya no es posible frenar las investigaciones. En muchos casos las empresas llegaron con sus abogados y argumentaron que en sus situaciones particulares se trataba de simples infracciones, por lo que consideraban que solo debían pagar, para extinguir la acción penal, pero la respuesta que encontraron fue no era posible.
Allí la Fiscalía se vio obligada a ampliar las indagaciones y argumentar que no se trataba de solo una defraudación y llamarlos a imputación de cargos, por delitos más graves, sustentados en una extensa investigación que requirió de agentes encubiertos, labores de vigilancia, interceptaciones telefónicas y colaboración de entidades como la Polfa, la Dian y la Uiaf para demostrar que se trata de verdaderas estructuras criminales diseñadas para defraudar el erario.
Frente a esas imputaciones, varias empresas pagaron y están buscando preacuerdos con la Fiscalía para reducir las penas que puedan ser impuestas a los responsables, las que podrían sobrepasar los 8 años de prisión; además de enfrentar posibles acciones de extinción de dominio sobre sus activos.
César Giraldo
