Un equipo especializado de fiscales e investigadores mantendrá contacto permanente con entidades estatales y organismos internacionales para denunciar operaciones de lavado de dinero y fraude.
La Fiscalía General de la Nación fortalece su capacidad de afectar redes criminales transnacionales que utilizan maniobras financieras y comerciales para encubrir sus ilícitos.
En ese sentido, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dictó la Resolución 562 de 2022, por la cual se pone en funcionamiento la Unidad Especial para la Investigación y Persecución de Delitos Económicos y Financieros. Es un equipo especializado que responde a una de las actividades definidas en el Memorándum de Entendimiento para Fortalecer la Investigación de Lavado de Activos y Delitos Conexos, suscrito entre la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
El grupo está asignado al Comisionado de Financiamiento Criminal. En un principio, estará integrado por dos fiscales de la Dirección Especializada en Prevención de Lavado de Activos y de la Dirección Especializada en Decomiso de Activos, con sus respectivos suplentes y un componente investigador del CTI.
Una de las funciones previstas es apoyar la identificación y persecución de organizaciones y personas que incurran en operaciones complejas de lavado de dinero y fraude, entre otras conductas que afectan la estabilidad de los negocios e inyectan recursos ilícitos al torrente financiero internacional.
De esta forma, trabajará en la detección de las rutas, destinos y modalidades utilizadas por las redes involucradas en delitos económicos. Asimismo, identificará los sectores financieros y países involucrados, entre otras variables para fortalecer los procesos investigativos.
Este trabajo de investigación se beneficiará de la participación y el apoyo de las agencias estadounidenses. Asimismo, coordinará capacidades con otras entidades del Estado, como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Empresas, la Superintendencia Notarial y de Registro, la Sociedad Especial de Patrimonio (SAE), la Dirección de Impuestos y Aduanas. Ministerio Público (DIAN) y la fuerza pública.
“Los delitos económicos y financieros son el nexo entre las conductas delictivas asociadas a la corrupción y facilitan la malversación y ocultamiento de dinero público y privado”, señaló el fiscal Barbosa Delgado al explicar los alcances del nuevo grupo.
fiscal contra la corrupcion
En la lucha contra la corrupción, en poco más de dos años, la Fiscalía General ha presentado 13.229 cargos y obtenido 2.188 condenas.
Entre los casos más importantes contra la corrupción se encuentran:
- Desarticulación de una red criminal que se habría apropiado de recursos públicos, mediante la ejecución de contratos con las alcaldías de Caldas, Risaralda y Chocó y entidades nacionales. Nueve personas fueron procesadas por estos hechos. En este proceso se certificaron copias a la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó la captura del senador Mario Castaño.
- Acusación de cuatro de los involucrados en las irregularidades detectadas en el millonario contrato suscrito por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTics) y el consorcio Centros Poblados, que tenía como objetivo garantizar el servicio de Internet en escuelas rurales. Emilio Tapia también fue imputado en el mismo caso.
- Judicialización de Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, representante legal de la EPS ASMET Santé, acusado de haber manipulado los estados financieros para exceder el margen de solvencia y liquidez exigido por la Superintendencia de Salud.
LMFO/JARG/EAC/DECC/MRC/
La fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
