La Fiscalía cubana y varios funcionarios judiciales defendieron el jueves los juicios que se llevan adelante contra manifestantes de las inusuales protestas de julio pasado en la isla y aseguraron que se mostraron a los tribunales pruebas suficientes para delitos como sedición o atentado, que conllevan sanciones de hasta 30 años de cárcel.
Los procesos judiciales son el centro de muchas críticas a las autoridades cubanas, a quienes desde otros países y por grupos de activistas se señala de buscar silenciar a una oposición. La acusación fue negada por el gobierno.
“Las diligencias se practicaron bajo el control de la Fiscalía por instructores de los órganos de investigación criminal, con amplia participación desde un inicio de los abogados defensores”, dijo en una crónica publicada el jueves por el portal oficial cubadebate la encargada de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, Lisnay María Mederos.
Para la funcionaria, tras las pesquisas se consiguieron elementos probatorios sobre “los actos de promoción, organización y ejecución directa de hechos que la ley penal tipifica como delitos, y que pusieron en grave riesgo la estabilidad de la nación”.
“Para Cuba, como para cualquier otro país, en las varias condiciones en que enfrentaba la pandemia y sus consecuencias, es de entender perfectamente la gravedad de los hechos ocurridos y la necesidad de aplicar consecuentemente las leyes penales”, agregó Mederos.
cubadebate excluye que los juicios en La Habana, uno de los lugares donde algunas de las protestas terminaron en vandalismo, continuarán en los primeros días de febrero. Los que se realizaron en enero quedaron listos para que se emitiera una sentencia.
Las manifestaciones se desarrollaron el 11 y 12 de julio y miles de personas salieron a las calles quejándose de la falta de energía eléctrica, el desabasto de medicamentos y alimentos y en algunos casos pidiendo cambios políticos. Una persona murió en el barrio capitalino de La Güinera.
Inusuales en la isla, las protestas acapararon la atención internacional y algunos países, sobre todo Estados Unidos -que incluso aplicaron más sanciones a la isla-, criticaron el manejo por parte del gobierno y el arresto de activistas.
Aunque las autoridades jamás hicieron público en número de detenidos, grupos de derechos humanos los cifraron en unos 1.300.
La semana pasada y luego de que familiares y activistas reportaran la realización de juicios colectivos en localidades como Artemisa, Holguín, Santa Clara y La Habana —con más de un centenar de procesados con penas de entre cinco y 30 años por delitos como sedición, atentado , desórdenes públicos en apenas 15 días—, la propia Fiscalía General en un comunicado que no pudo 790 personas estan involucradas en 110 casos.
Medios de prensa extranjeros no tuvieron acceso a las salas de los Tribunales.
Las protestas no tuvieron un liderazgo claro y muchas de las personas ahora enjuiciadas o sus familiares entrevistados por La Prensa Asociada admitieron haber tirado piedras, pero también rechazaron que tuvieran antecedentes de militancia política como para enfrentar delitos de sedición, los de mayores sanciones.
El gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos ya grupos de exiliados de estar detrás de una campaña armada desde las redes sociales para destruir al gobierno en medio de una severa crisis económica, agudizada por la pandemia de COVID-19 y las sanciones impuestas desde Washington.
Días después de las protestas, en agosto, se informó que se había procesado a 67 acusados en 23 juicios sumarios, pero se trataron de cargos menores como desorden público, por lo que a algunas personas se les impuso multas o reclusión en sus domicilios.
cubadebate mostró un resumen de algunas de las acciones violentas realizadas por los manifestantes, que incluyen golpear con palos a simpatizantes del gobierno, incendiar con cocteles molotov contenedores de basura, vandalización de las señales de tránsito para usarlas como armas, agresiones a funcionarios locales o destrucción de vidrieras.
Según informó el portal oficial, fueron saqueados más de 40 establecimientos comerciales. Hasta ahora las autoridades no han difundido un informe de pérdidas.
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