En desarrollo de las acciones judiciales, el grupo de personas que estaba en el lugar entró en enfrentamiento bélico con los integrantes del ejército, en el sitio se logró recuperar abundante material de interés para la justicia.
Luego de recopilar contundentes elementos materiales probatorios, y de recibir las denuncias del caso, un Fiscal de la seccional Casanare logró que a Margared Edilfa Pérez Tapias, Leidys Johanna Londoño Escobar, Juan David Londoño Figueroa, Mónica Marcela Solano Herrera, les fuera impuesta medida restrictiva de su libertad porque, presuntamente estarían vinculados con grupos al margen de la ley.
En el mismo operativo ejecutado por el Gaula ejército, se logró recuperar un menor a quien se le restablecieron sus derechos. Al parecer, estas personas harían parte del grupo armado organizado Gao ’clan del golfo’, dedicados a ejecutar acciones ilícitas en varios municipios de Casanare y Cundinamarca.
Entre los elementos incautados están 4 motocicletas utilizadas para movilizar personal, talonarios marcados con logos de las AGC, un radio de comunicación tipo escáner, varias armas de fuego, así como material bélico como una granada y munición de diferente calibre y siete equipos celulares.
El Fiscal los imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte de armas y municiones agravado y extorsión, delitos que no fueron aceptados, no obstante, el juez acogió la solicitud del ente acusador y determinó imponer medida privativa de la libertad intramural para el hombre y domiciliaria para las tres mujeres.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
LAZL/FAGH/PYMP/APS/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
