La Fiscalía General de la Nación a través de investigadores del CTI de la Seccional Caquetá en coordinación con funcionarios del Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación de Caquetá, se incautaron de unas 560 botellas de aguardiente, whisky y ron de las cuales se presume su procedencia no es lícita.
La diligencia se llevó a cabo en el barrio Alto de Capry de Florencia donde las autoridades se desplazaron para verificar información de fuente humana que daba cuenta sobre un estanquillo que distribuía licor de contrabando.
Es así como que en el establecimiento comercial se realizó la respectiva diligencia de allanamiento y registro donde según el peritaje del Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Caquetá, el licor encontrado estaba envasado en botellas que presentaban irregularidades en la tapa, estampilla y etiqueta, las cuales se encontraban sueltas o borrosas.
De igual manera se hallaron cajas vacías para empaque de aguardiente y de ron. Además, galones y un timbo donde al parecer almacenaban el licor para después reenvasarlo en las botellas, 105 estampillas sueltas y hojas de impresiones de estampillas con serial borroso.
La Fiscalía imputó cargos por los delitos de ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrario rentístico; usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedad vegetales, y circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado a la mujer que se encontraba en el sitio, quien deberá seguir respondiendo mientras avanza la investigación.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/FAGH/SP/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
