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Los investigados fueron imputados por delitos contra la Administración Pública. Los dineros, aparentemente comprometidos en los actos de corrupción, provendrían de las regalías entregadas al Chocó.
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Cinco de los investigados fueron enviados a prisión y cuatro continúan vinculados penalmente, aunque afrontarán el proceso en libertad.
Comprometida en la lucha contra los delitos que afectan las finanzas públicas; la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Seccional Chocó, judicializó a nueve personas; entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) que estarían comprometidos en un desfalco superior a los 38.000 millones de pesos.
Los procesados, al parecer, suscribieron varios contratos relacionados con el suministro de maquinarias y equipos industriales, además de la construcción de un Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera en el municipio de Atrato.
Estas acciones, se cree, se dieron en desarrollo de la implementación de dos proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria cuyo objetivo era capacitar a los habitantes de los municipios de Riosucio, Acandí, Quibdó, Carmen de Atrato, Tadó, Itsmina, Bahía Solano y Juradó (Chocó).
Labores de policía judicial evidenciaron que los investigados, al parecer, suscribieron, tramitaron y autorizaron el pago de los referidos contratos sin que existieran estudios previos para su ejecución.
Así mismo, se estableció que no se contó con una póliza autorizada por la entidad correspondiente y que los recursos no se depositaron en una fiducia; sino que fueron girados a cuentas de particulares. Además, no se evidenciaron avances en las obras a pesar de tener como fecha límite para la ejecución el mes de diciembre de 2019.
Por estos hechos servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Gaula Militar capturaron a los procesados quienes fueron imputados; según sus responsabilidades individuales, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documentos público.
Medidas impuestas por el juez de garantías
El juez de control de garantías encargado del caso impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eduardo Antonio García Vega quien; rector de la UTCH para la época de los hechos; Manuela Gómez Córdoba, extesorera; César Augusto García Pino, representante legal Consorcio Atrato; Yesid Emilio Aguilar Lemus, coordinador del proyecto maderero; y Ángel María Melo Chaverra, interventor de un contrato.
En libertad, pero vinculados al proceso quedaron: Fredy Iván Paz Perea, tesorero de la UTCH; Alexander Palacios Mosquera, actual vicerrector administrativo de la UTCH; Lilia Mercedes Mena López, hoy jefe financiera de la UTCH; y Edinson Ledezma Ramírez supervisor del contrato.
Esta información se pública por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JLH/MAGA/JCH/AMC/DSCH.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
