Un juez penal de Tumaco acogió la solicitud de la Fiscalía seccional y dictó contra Marta Cecilia Cortes Preciado medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.
El servidor judicial avaló la imputación de cargos contra Cortes Preciado como presunta coautora material de los delitos de terrorismo, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.
Los hechos por los que la mujer es judicializada ocurrieron el 15 de enero de 2023, en la avenida Los Estudiantes de este puerto nariñense, cuando cuatro agentes de la Policía Nacional se dirigían en una radiopatrulla, al sector El Morro a realizar el relevo.
Cuando se desplazaban al sitio, los uniformados observaron una motocicleta que venía en contravía, eludiendo los vehículos, por lo que chocó contra el automotor oficial. Una vez los agentes descendieron de la patrulla para evaluar el accidente, varios habitantes del sector intentaron realizar una asonada contra los policiales, quienes resultaron lesionados. Otros intentaron incinerar la camioneta que tenía en su interior chalecos antibalas y un radio de comunicaciones.
Los uniformados observaron a una mujer entregar un recipiente con gasolina para los que querían quemar el automotor y recibir los elementos de dotación oficial.
Al llegar refuerzos al sitio, los manifestantes intentaron huir, siendo capturada en flagrancia Marta Cecilia Cortes, señalada de ser la persona que prestó el recipiente con el combustible para incendiar la radiopatrulla, por lo que le fueron leídos los derechos del capturado.
En las audiencias concentradas, la imputada no se acogió a los cargos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JGP/LYBT/CAC/DSN
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
