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Fiscalía judicializó a tres presuntos integrantes de la organización ilegal ‘Pilatos’

Los procesados estarían implicados en un homicidio ocurrido en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 

Un fiscal adscrito a la Unidad de Vida de la Seccional Risaralda judicializó a tres presuntos integrantes de la organización ilegal Pilatos, quienes estarían implicados en el homicidio de Diego A. Garzón Zuluaga, alias La Fiera, ocurrido en el municipio de Santa Rosa de Cabal.

Se trata de Juan Carlos Castro Henao, alias Carlitos; Jafet Tijerino Martínez, alias Barranquillero y Kevin Alejandro Cruz Galeano.

 Se observan tres capturados al centro. A un costado de la fila un funcionario de la policía y otro del CTI.  Al otro lado un funcionario de Policía.  Al fondo un pendón de Fiscalía General de la Nación y uno de Policía Nacional
Juan Carlos Castro Henao, alias Carlitos; Jafet Tijerino Martínez, alias Barranquillero y Kevin Alejandro Cruz Galeano serían responsables del homicidio de un hombre en Santa Rosa de Cabal

La investigación de policía judicial determinó que el pasado 20 de enero, Zuluaga fue asesinado con arma de fuego, al parecer por ajuste de cuentas con los investigados

Por estos hechos los investigados fueron imputados como posibles responsables de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; cargos que no fueron aceptados por los procesados.

El juez del caso impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cuatro investigados.

Esta información se publica por razones de interés general.  

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

CLCG/MAGA/GRM/DSR

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

 

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