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Fiscalía judicializó a un hombre por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas en Buenaventura 

Fiscalía judicializó a un hombre por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas en Buenaventura 

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Julio César Valencia Cáceres no se allanó a los cargos que la Fiscalía le imputó por su presunta autoría en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo, de uso restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios partes y municiones.  

Julio César Valencia Cáceres fue judicializado en Buenaventura por porte ilegal de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas.

Un juez de garantías de Buenaventura (Valle del Cauca) avaló las evidencias presentadas durante las audiencias concentradas y los argumentos del fiscal del caso, e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Valencia Cáceres.

El hombre fue capturado en un sector del barrio San Francisco de esa ciudad por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional, en medio de labores de registro y control. El investigado, al ver a los uniformados, supuestamente emprendió la fuga y arrojó a un lote un arma de fuego.

Los uniformados lograron interceptar al procesado e incautarle una pistola 9 milímetros, un proveedor y 9 cartuchos del mismo calibre, en el lote donde la habría arrojado.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

JGPV/DP/DLBM.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.  

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