Una fiscal de la seccional Sucre les imputó los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros. Un contratista al parecer, también estaría involucrado.
Una fiscal seccional de Sincelejo solicitó medida de aseguramiento intramural para José Ignacio Hernández Vega, alcalde de Galeras y Arturo Carlos Guzmán de Hoyos (contratista), y medida domiciliaria para la secretaria del interior del municipio Dialenys Anaya Armestro, por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Además, a Guzmán de Hoyos y a Anaya Armestro se les imputó el delito de falsedad ideológica en documento público.
Los imputados, quienes no se allanaron a los cargos, fueron capturados por funcionarios de la Policía Nacional el 10 de marzo en curso, en ese municipio y tras materializar una orden de captura solicitada por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía.
De acuerdo con el ente investigador, el Alcalde, la Secretaria del Interior y el contratista, presuntamente habrían incurrido en irregularidades dentro de un contrato celebrado en marzo de 2020 y el cual estaba relacionado con la entrega de kits de ayudas comunitarias para los más vulnerables del municipio de Galeras.
Según la investigación, al parecer, se habrían presentado falsificaciones en la cotización de Fundaper, fundación de la cual el representante legal es Guzmán de Hoyos y en un contrato de más de 170 millones de pesos, para entregar 2.461 mercados, solo justificaron 100 millones de pesos y entregaron 1.500 mercados.
Tras las audiencias concentradas el juez resolvió no imponer medida de aseguramiento para ninguno de los imputados y quedaron en libertad. La Fiscalía apeló la decisión y se espera la resolución de un juez de segunda instancia.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
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VHGB/FAGH/HMLG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
