Ante un juez de control de garantías de Santander de Quilichao (Cauca), la Fiscalía General de la Nación legalizó el procedimiento e incautación de un arsenal de guerra, hallado en zona rural del municipio de Santander de Quilichao (Cauca).
El hallazgo se produjo en la vereda Palo Blancon del municipio de Buenos Aires (Cauca), dentro de la investigación que se adelanta por el hostigamiento que sufrió una comisión integrada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Cauca, la Policía y Ejército Nacional.
Estos hechos se presentaron en abril pasado en el municipio de Buenos Aires (Cauca), tras cumplirse una diligencia de reconstrucción de un triple homicidio, ocurrido el 28 de enero del 2021, en la vereda Guaitala de Buenos Aires.
Los elementos incautados por el CTI y Ejército Nacional estaban dentro de dos canecas pintadas con la palabra Farc. Estos elementos estaban enterrados y en ellos fueron encontradas 34 granadas de mano IM-26, 13 granadas de 40 mm, 1 camuflado completo, 1 bolso de asalto, eslabones para munición de ametralladora, 1 tarro pólvora, 1 pancarta alusiva a las FARC y 1 cuaderno de economato.
Según la Fiscalía, los elementos incautados harían parte de las armas usadas durante el hostigamiento a la caravana de las autoridades, y podrían ser usados en otras acciones de terror.
El juez impartió legalidad al procedimiento y a los elementos incautados, dentro de la investigación que se adelanta por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Durante las diligencias no se reportaron personas capturadas.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
