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Fiscalía logra esclarecimiento de los homicidios de dos defensores de derechos humanos en Antioquia y Chocó

por Redacción BL
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Fiscalía logra esclarecimiento de los homicidios de dos defensores de derechos humanos en Antioquia y Chocó

  • Uno de los investigados sería encargado de las finanzas de ´Los Caparros’ y el otro, presunto integrante del ‘Clan del Golfo’. 

  • Un tercer resultado se produjo en el caso del crimen del reincorporado Alexánder Parra Uribe con la sentencia condenatoria contra uno de los implicados. 

La Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de la estrategia investigativa para esclarecer los homicidios contra defensores de derechos humanos y reincorporados, así como para contribuir con el desmantelamiento de organizaciones criminales, logró mediante las acciones de los equipos itinerantes en los territorios, importantes resultados en tres casos, así: 

  • Homicidio de líder social en Cáceres (Antioquia) 

 El ente acusador judicializó a un presunto integrante de ‘Los Caparros’, por su posible responsabilidad en el crimen del líder social Víctor Alfredo Zabala Oviedo, perpetrado el 25 de marzo de 2018 en Cáceres (Antioquia).  

Se trata de Marcos Fidel Suárez Estrada, alias Marcos Peña, al parecer encargado de las finanzas de esa estructura y del cobro de extorsiones, así como de realizar amenazas y desplazamientos en esa población. 

Las labores adelantadas por fiscales e investigadores de la Unidad Especial de Investigación (UEI) evidencian que el hoy procesado estaría involucrado en el asesinato del líder Zabala Oviedo, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rizo del mismo municipio antioqueño y gestionaba procesos de restitución de cultivos ilícitos en la zona. 

Alias Marcos Peña fue capturado, mediante orden judicial, el pasado 27 de abril por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la UEI y del Cuerpo Élite de la Policía Nacional. 

Marcos Fidel Suárez Estrada, alias Marcos Peña, presunto integrante de Los Caparros judicializado por homicidio de un líder social en Cáceres (Antioquia).

En audiencias concentradas, el ente acusador le formuló cargos a Suárez Estrada por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Por su parte, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caucasia (Antioquia), con funciones de control de garantías, acogió los argumentos expuestos y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. 

  • Condena por crimen de defensor de derechos humanos 

Por el homicidio del defensor de derechos humanos y líder comunitario Manuel Ramírez Mosquera, cometido en la vereda La Nueva del municipio de Riosucio (Chocó) el 17 de agosto de 2017, el ente acusador logró que el Juzgado Segundo Especializado de Quibdó condenara a Ricardo Bermúdez Mena, alias el Ciego o Johnny, como el autor material. 

Este hombre, jefe de sicarios de la organización criminal Pablo José Montalvo del ‘Clan del Golfo’, deberá pagar una pena de 17 años y 8 meses de prisión, luego de ser hallado responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares. 

En el proceso se demostró además que el hoy condenado perteneció al frente 57 de las Farc, se apartó el proceso de paz y posteriormente se vinculó a la organización criminal Clan del Golfo en el Urabá chocoano en 2016.  

La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. 

  • Condena por homicidio de reincorporado Alexánder Parra Uribe 

El trabajo articulado entre la Unidad Especial de Investigación y la Delegada para la Seguridad Ciudadana permitió recopilar elementos probatorios para demostrar la responsabilidad de Sander Eloy Flórez Puerta en el homicidio del reincorporado Alexánder Parra Uribe, cometido el 24 de octubre de 2019 en el Espacio Territorial de capacitación y Reincorporación (Etcr) ‘Mariana Páez’, en Mesetas (Meta). 

Ante la contundencia de la investigación, el procesado decidió pactar un preacuerdo y, en virtud de ello, un juez penal del circuito especializado de Villavicencio (Meta) lo condenó a 13 años y 10 meses de prisión, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. 

Esta información se publica por razones de interés general. 

 La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. 

 DLBM/HC 

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