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Fiscalía logra judicialización de presunto sicario del ‘Clan del Golfo’ en el oriente del país

por Redacción BL
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Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a Vladimir Barragán Morales, señalado integrante del componente sicarial de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’.

Vladimir Barragán Morales fue capturado en Puerto Gaitán (Meta).

Esta persona, al parecer, sería la encargada de ejecutar asesinatos selectivos en Barranca de Upía (Meta) y en otros municipios ubicados en zona limítrofe con Casanare. En ese sentido, se le atribuye el crimen de un hombre, ocurrido el 30 de agosto de 2020, en Maní (Casanare).

El material de prueba da cuenta de que también habría participado en intimidaciones a diferentes comunidades para obligarlas a abandonar sus tierras, ataques a la fuerza pública y confrontaciones armadas con otras estructuras ilegales.

Barragán Morales fue capturado en Puerto López (Meta), en una acción conjunta de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de: homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado aceptó los cargos en su contra.

Esta información se publica por razones de interés general.

LMBG/JARG/DECOC.

La Fiscalía habla con resultados.


La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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