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También fueron presentadas ante un juez de control de garantías dos mujeres señaladas de transportar carne de tortuga.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) lograron la judicialización de tres personas, quienes estarían involucradas en actividades ilícitas con fauna silvestre en Nariño y Cundinamarca.
Rescate de mono ardilla
La Fiscalía General de la Nación imputó a Ervinc Edison Ruales Ramírez los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y maltrato animal. Este hombre sería el responsable de tener en cautiverio a un mono ardilla, en una vivienda de Pasto (Nariño).
El pasado 27 de abril, con el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO), fue recuperado el animal para su atención integral. Ruales Ramírez había sido requerido en varias oportunidades por la autoridad ambiental para que retornara el mono a su hábitat natural, sin embargo, lo mantuvo en su residencia.
Incautación de carne de tortuga
Un fiscal GELMA imputó a Martha Helena Acosta y Tania Toro Jiménez el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales.
Las dos procesadas fueron interceptadas por unidades de la Policía Nacional en la terminal de transportes de Bogotá, el pasado 28 de febrero. Los uniformados les encontraron algo más de cinco kilogramos de carne y huevos de tortuga hicotea, una especie en peligro de extinción, en varias cajas de icopor que pretendían movilizar en un bus de servicio público.
AMCJ/JARG/AG/GELMA/MCRC/
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
