Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía se registraron en Puerto Libertador y Cereté.
Tras avalar las contundentes pruebas aportadas por fiscales de la Seccional Córdoba, jueces de conocimientos, en distintos procesos, impusieron condenas contra dos personas que cometieron delitos en diferentes municipios de ese departamento.
Asesinado funcionario de la Defensoría del Pueblo
En la primera investigación, fue sentenciado a la pena de 40 años, 6 meses y 15 días de prisión, Jhon Jairo González Pérez, por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado. El procesado se allanó a los cargos imputados por el ente acusador.
La decisión judicial se relaciona con los hechos ocurridos el 25 de agosto de 2023, en la población de Puerto Libertador, donde el procesado sin mediar palabra con arma blanca, le causó la muerte a un funcionario de la Defensoría del Pueblo, que se encontraba ejerciendo funciones propias de su cargo en ese lugar.
Momentos después fue capturado por la Policía Nacional y se encuentra recluido en la cárcel Las Mercedes de Montería.
Hurto a menor de edad
Asimismo, fue sentenciada a 1 año, 6 meses de prisión, Danna Noelia Gómez Henao, quien aceptó el cargo de tentativa de hurto calificado agravado, imputado por la Fiscalía General de la Nación.
Los hechos que la involucran acontecieron el 5 de diciembre de 2022, en el Boulevard del Río del municipio de Cereté, donde con arma blanca intimidó a una menor de edad que se encontraba en el lugar, para hurtarle su celular.
Uniformados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Ejército y la Policía Nacional, capturaron a la mujer el pasado 19 de enero en Cereté, para el cumplimiento de la condena.
Su reclusión se llevará a cabo en un centro penitenciario de Montería.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/FAGH/CTVT/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
