Redacción
La Fiscalía General de la Nación ocupó este lunes, con fines de extinción de dominio, un apartamento propiedad del senador Armando Benedetti, ubicado en el norte de Bogotá.
El hecho fue dado a conocer por el mismo congresista, quien trinó a través de su cuenta de Twitter: «La Fiscalía acaba de tomar una decisión sospechosa, desmedida e ilegal de extinción de dominio contra el apartamento de Altos del Retiro por hechos acaecidos mucho antes de ser propietario. ¿CÓMO PUEDO PARAR ESTÁ VULGAR PERSECUCIÓN? No tengo garantías».
Poco después, Benedetti explicó que el proceso no es contra él, sino contra la anterior propietaria del inmueble.
«(De la anterior dueña) se aduce no ha podido acreditar hasta ahora el origen de los recursos para adquirir el apartamento. Anuncio que me declararé como víctima en este proceso», indicó el parlamentario.
Miguel Ángel del Río, abogado de Benedetti, se refirió al respecto de la diligencia y la tildó de «arbitraria».
«Nosotros somos unos terceros de buena fe, Armando le compró el bien a Ruby Corredor Díaz, quien adquirió ese bien de la DNE en su momento, y pues hoy una unidad de extinción de dominio toma una medida cautelar arbitraria en contra de nosotros, y nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad sino que por el contrario somos unos terceros de buena fe, ajenos a cualquier novedad»
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La Fiscalía explicó que esta operación se dio producto de una investigación adelantada en articulación con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
Según la entidad, no se entiende cómo Benedetti habría aumentado su patrimonio en al menos 3.000 millones de pesos entre 2002 y 2018.
«Información de la Dian permitió establecer que el congresista presentaría patrimonios por justificar correspondientes a 2009, 2014, 2016 y 2017, lo cual se trataría de posibles maniobras fraudulentas por parte del senador para incorporar a su patrimonio, a través de una tercera persona, un bien de considerable valor el cual fue enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y que habrían ocasionado detrimento a la administración pública», dijo la Fiscalía.
Así mismo, el ente adelanta un proceso contra la anterior propietaria del inmueble, identificada como Ruby Corredor Díaz, ante las «inconsistencias detectadas en la adquisición y traspaso» del apartamento, por el cual pagó $1.600 millones de pesos.
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A la mujer le fueron imputados en 2019 los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, aunque no fue privada de la libertad.
«Es claro que en el trámite hubo irregularidades desde la subasta pública, el pago por la millonaria suma y la posterior venta a un senador, ya que es demostrable que Corredor Ruiz no tenía la capacidad económica para la compra del inmueble, incurriendo posiblemente en un blanqueo de capital», argumentó el ente acusador en ese momento.
La Fiscalía además cuestiona que aunque el inmueble fue vendido a Benedetti en diciembre de 2010, hay recibos de cobro por el concepto de administración del apartamento, fechados mas de un año antes de la compra -entre julio y diciembre de 2009-, a nombre de Benedetti.
Además, asegura que la procesada tuvo «incrementos patrimoniales injustificados» durante los años 2009, 2010 y 2010.
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