Los bienes, avaluados en más de 2.000 millones de pesos, están ubicados en Valledupar (Cesar), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena).
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar las finanzas de la criminalidad, el narcotráfico y la delincuencia organizada, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 22 bienes que habrían sido destinados para el comercio ilegal de juegos de suerte y azar.
Se trata de 1 inmueble rural y 6 urbanos, 11 vehículos, 2 sociedades y 2 establecimientos de comercio ubicados en Valledupar (Cesar), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena), los cuales fueron ocupados en diligencias realizadas por el CTI de la Fiscalía.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 2.000 millones de pesos, habrían estado al servicio de un grupo de personas que promovía una apuesta local que no estaba reglamentada ni amparada por la ley.
En el curso de la investigación se acreditó que el juego consistía en un tablero numerado del 1 al 80, en el que el apostador, por un aporte mínimo de 500 de pesos, seleccionaba mínimo 3 balotas y máximo 10. Posteriormente, el organizador realizaba un sorteo virtual y aleatorio, y extraía 20 balotas; ganaba el jugador que más aciertos con las balotas lograra.
Los bienes afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
