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Fiscalía ocupa con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 12.250 millones de pesos que pertenecerían a integrantes de grupos narcotraficantes

por Redacción BL
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Fiscalía ocupa con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 12.250 millones de pesos que pertenecerían a integrantes de grupos narcotraficantes

La propiedades están ubicadas en Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Casanare y Guaviare.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, lideró una ofensiva en contra del patrimonio de varios integrantes de estructuras dedicadas al tráfico trasnacional de estupefacientes.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, lideró una ofensiva en contra del patrimonio de varios integrantes de estructuras dedicadas al tráfico trasnacional de estupefacientes.

En ese sentido, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 149 bienes ubicados en Bogotá; Pradera y Cali (Valle del Cauca); Barranquilla (Atlántico); Paratebueno (Cundinamarca); Monterrey (Casanare); San José del Guaviare (Guaviare); y Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, San Gil y Cabrera (Santander).

Las propiedades afectadas superan en valor los 12.250 millones de pesos; y están representadas en 21 inmuebles rurales, 22 predios urbanos, 22 vehículos, 3 establecimientos de comercio, 1 sociedad y 80 semovientes.

Algunos de los activos pertenecerían a Diego Alberto Varona Aragón quien hizo parte del extinto ‘Cartel de Cali’, y en la década de los noventa fue considerado como uno de los socios principales de Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta y a José Ignacio Cardona, alias Nicki.

También figuran bienes a nombre de familiares y personas cercanas a Héctor Fabio García Bengoechea, alias La Gatia; Miguel Villareal Archila, alias Salomón; y Manuel Enrique Torregrosa Castro, alias Chang, capturados con fines de extradición en julio de 2007, por cargos relacionados con narcotráfico.

En el curso de la investigación se acreditó que los titulares de los inmuebles no tenían el poder económico ni registraban una actividad económica estable que les permitiera sustentar la adquisición de predios avaluados en 6.250 millones de pesos. Los elementos de prueba dan cuenta de que los compraron con dineros producto del envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Finalmente, fueron impactadas las finanzas de Carlos Yesid Gómez, Luis Marino Medina Martínez, Jefferson Adolfo Segura Alfonso, Erick Leandro Calderón Soler y Omaira Ospina Ramírez, señalados integrantes de una red narcotraficante a la que se le atribuye el transporte de cargamentos de estupefacientes desde Cauca a las costas de Magdalena, donde se coordinaba su salida por vía marítima a Estados Unidos.

Con los recursos obtenidos por esta actividad ilegal, la organización criminal habría adquirido 14 vehículos, 21 inmuebles, 40 semovientes y constituyó una empresa para intentar justificar su origen ilícito.

Los procedimientos de ocupación fueron realizados de manera articulada por el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en cumplimiento de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para golpear el patrimonio de la criminalidad organizada, el narcotráfico y la delincuencia.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con fines de extinción de dominio.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/MRC.

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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