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Los predios cobijados con medidas cautelares están ubicados en Medellín, Barbosa, Arboletes, Turbo, San Pedro De Urabá (Antioquia) y San José del Guaviare (Guaviare).
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Los bienes se encontrarían en cabeza de allegados de los cabecillas del Clan del Golfo; Francisco José Morelo Peñata, alias Negro Sarley; y Fernando Oquendo Estrada, alias Ramiro
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar con contundencia las rentas criminales de las organizaciones ilegales y del narcotráfico; la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocupó 51 bienes de propiedad de presuntos testaferros del Clan del Golfo.
Se trata de 34 inmuebles entre rurales y urbanos, 14 motocicletas y 3 establecimientos de comercio, sobre los cuales se impuso medida cautelar de suspensión, embargo y secuestro.
La investigación liderada por la Fiscalía y apoyada por la Dijin de la Policía Nacional, permitió recaudar suficientes elementos de juicio para considerar que los bienes afectados con las medidas cautelares probablemente estarían vinculados con alguna causal de extinción de dominio, pues habrían sido adquiridos con dineros producto de las diferentes actividades ilícitas.
Al parecer, estas acciones vendrían siendo cometidas de tiempo atrás cuando el grupo armado ilegal habría sido comandado por Francisco José Morelo Peñata, alias Negro Sarley quien además sería jefe militar y se encargaría de las rutas del narcotráfico.
También habría hecho parte Fernando Oquendo Estrada, alias Ramiro Bigotes, presunto jefe financiero de la red delincuencial; y quien fuera uno de los hombres de confianza del hoy extraditado Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar las propiedades ocupadas.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/MGA/LPDS/DEEDD/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
