Una de las propiedades afectadas pertenecería a un exintegrante de la Policía Nacional que transportaba cocaína en una camioneta.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares, en dos casos distintos, en los que se habrían adquirido bienes con dineros obtenidos mediante actividades ilícitas en Popayán (Cauca) e Ibagué (Tolima).
Inicialmente, fue ocupado un inmueble, avaluado en $421’000.000, que pertenecería a un exintegrante de la Policía Nacional, identificado como Julián Andrés Meneses Delgado. En junio de 2020, el entonces uniformado fue interceptado en un puesto de control ubicado entre El Tambo y Popayán (Cauca). En la camioneta en la que se movilizaba le fueron encontrados 621 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
La Fiscalía constató que Meneses no contaba con la capacidad económica suficiente para adquirir el inmueble afectado. Asimismo, no existe claridad sobre el origen de la propiedad.
De otra parte, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre un bien a nombre de David Gustavo Trujillo Oviedo, quien haría parte de una red ilegal señalada de suplantar a funcionarios del batallón de Ingenieros Agustín Codazzi con sede en Palmira (Valle del Cauca).
Trujillo Oviedo, supuestamente, contactaba a comerciantes y representantes de empresas para que le suministraran distintos elementos como si se tratara de provisiones para la guarnición militar. De esta manera, al parecer, estafó a los proveedores y se quedó con mercancía por la que nunca pagó.
Los bienes ocupados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LPDS/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
