Colombia no es un país petrolero, dadas sus reservas limitadas, su irrelevancia en el mercado internacional y la baja participación (7 %) del petróleo en el PIB. Sin embargo, este sector contribuye bastante a la economía:
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– Es la mayor exportación de Colombia: representó el 37 % del total entre 2000 y 2017;
– Su aporte a los ingresos corrientes de la Nación ha llegado al 24?%.
– Las regalías petroleras cubrieron hasta el 48,2 % de la inversión en las regiones.
Sin embargo, el exceso de dependencia de la industria petrolera es inconveniente para la economía nacional, y las finanzas públicas están expuestas a variaciones en volúmenes de producción y a precios caracterizados por su gran volatilidad.
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Obviamente, las reservas probadas de petróleo son la principal limitante del volumen de producción. Sin duda han disminuido: el año pasado quedaron en 2.036 millones de barriles, con una relación reservas/producción de apenas 6,3 años.
En cuanto a los precios, tras alcanzar su récord histórico en julio de 2008 (146 dólares por barril), tienden a bajar desde mediados del 2014. Su cotización actualmente oscila en torno a 40 dólares por barril.
A consecuencia de la caída de la producción y precios del petróleo, se ha acentuado el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Sobre el petróleo podemos concluir que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo
El peor escenario para el país sería perder la autosuficiencia y tener que importar petróleo para cargar las dos refinerías de Ecopetrol. Esto significaría pasar de recibir 24.000 millones de dólares por las exportaciones de crudo y, en cambio, desembolsar aproximadamente 16.000 millones para importar los 400.000 barriles/día que las refinerías necesitan para abastecer de combustible el mercado doméstico.
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Sobre el petróleo podemos concluir que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Hay algo peor que la economía dependa del petróleo: depender de importaciones para conseguirlo. En tales circunstancias, considerando que se acaban las reservas, es menester recuperarlas.
Las posibilidades de detener su caída están en el recobro mejorado, en los prospectos ‘offshore’ y en los yacimientos no convencionales; muchos de estos últimos requieren la controvertida técnica del ‘fracking’. Lo que está en juego es nada menos que la seguridad energética del país y la estabilidad de la economía nacional.
El decreto 3004 del 2013 y la resolución 9034 fueron demandados ante el Consejo de Estado; en auto de noviembre 8 del 2018, este tribunal determinó su suspensión, como medida cautelar, aduciendo el “riesgo potencial” relacionado con el ‘fracking’.
En respuesta al Consejo de Estado, el Ministerio de Minas y Energía integró una comisión de expertos independientes para que analizaran el impacto económico, social y ambiental del ‘fracking’ en Colombia. En abril del 2019, esta comisión publicó un informe detallado sobre distintos aspectos del tema propuesto.
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Entre sus recomendaciones planteó la necesidad de los proyectos piloto integrales de investigación (PPII). Solo tras conocer y evaluar sus resultados, se juzgaría la viabilidad del uso comercial del ‘fracking’.
Moisés Wasserman –exrector de la Universidad Nacional– publicó una columna de opinión sobre ese informe: “Las recomendaciones podrían haber sido en uno de cuatro sentidos: prohibir, declarar una moratoria temporal, permitir o permitir con condiciones. El Comité se inclinó por la última opción, con exigencias muy rigurosas […]. Solo después de terminados los proyectos piloto se entraría, dependiendo de sus resultados, a considerar una exploración comercial”.
Coincido con Wasserman y con Manuel Rodríguez, reconocido ambientalista, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “Un no absoluto al ‘fracking’ trae consecuencias. El deseo que tenemos muchos es que a partir de los pilotos se demuestre que es posible el ‘fracking’, porque eso implicaría tener gas y tener recursos económicos que permitan hacer la transición energética que necesitamos […]. Algunos decimos que deben implementarse los proyectos piloto integrales (PPI) que la Comisión de Expertos recomendó al Gobierno para tener información sobre el costo-beneficio de esta técnica y así establecer si se justifica o no”.
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Considero que lo que ha previsto Ecopetrol es lo más prudente: para salir de dudas, evitar especulaciones y manipulación de información sobre el ‘fracking’ en Colombia, se debe disponer de un proyecto piloto. Según Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, se necesita “que permita, de manera delimitada, controlada y absolutamente enmarcada en un área geográfica específica, trabajar con las autoridades, con las comunidades, con los sindicatos, con los detractores y decir cómo medimos esas líneas base y los posibles impactos”.
Al fin y al cabo, la práctica es un criterio para establecer la verdad. Como dijo Antonio Machado: “Despacito y buena letra: / el hacer las cosas bien / importa más que el hacerlas”.
Acogiéndose a las recomendaciones de la Comisión, el presidente de Ecopetrol solicitó suspender las medidas cautelares al Consejo de Estado, con el propósito de poner en marcha un primer proyecto piloto.
Aunque el Consejo de Estado no accedió a su petición, “no impide la realización de proyectos piloto integrales de investigación (PPII), contenidos en el capítulo 14 del ‘Informe sobre efectos ambientales y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas de posible despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal’ ”, como explicó su presidenta, Lucy Jeanette Bermúdez.
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Una vez despejada esta incógnita, la hoy exministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez procedió a expedir el decreto 328 del 2020, “por el cual se fijan lineamientos para adelantar proyectos de investigación integral (PPI) sobre yacimientos no convencionales…”, para llenar el vacío dejado por las medidas cautelares del Consejo de Estado. Este decreto fue demandado por un grupo de congresistas ante el Consejo de Estado, que desestimó sus argumentos, dejándolo en firme.
Son varias las empresas que han manifestado su interés en los proyectos piloto, entre ellas Ecopetrol, que se alió para tal efecto con la multinacional Exxon, una de las petroleras con más desarrollos y experiencia en yacimientos no convencionales; Exxon, incluso, cuenta con XTO, una empresa especializada en esta área.
Hay que agradecerles a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que hoy es
Como dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, hay que “crecer para igualar e igualar para crecer”. Colombia tiene dos grandes retos:
– Diversificar su economía mediante la transformación productiva, con la consiguiente diversificación de su oferta exportadora y sus mercados.
– La transición energética desde las energías de origen fósil hacia energías renovables y limpias. Hay un antes y un después del año 2015, en el que tuvieron lugar dos acontecimientos que obligan a ajustar las velas: el Acuerdo de París y la suscripción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Después de estos acuerdos, el petróleo y el carbón –los dos principales renglones de exportación de Colombia– están en el lado equivocado de la historia. Como bien dijo Christine Figueres, exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: “Hay que agradecerles a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que hoy es, con un desarrollo ejemplar en Latinoamérica, si no fuera por la exportación de carbón y petróleo. Por esta razón no se pueden meter dentro de la cajita de los diablos y satanizarlos. Sin embargo, llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.
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Según el Foro Económico Mundial, “Colombia hace parte del grupo de países que deben capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, puedan maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”. Este debe ser un propósito nacional, objeto de un pacto político que lleve a una política de Estado de largo aliento, no solo a una política de gobierno, flor de un día.
AMYLKAR ACOSTA*
Razón Pública*** Exministro de Minas y Energía, profesor de las universidades Externado y los Andes.
** Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.