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Franscisco Barbosa montó un show, dicen los gobernadores de San Andrés y Magdalena - Gobierno - Política

Franscisco Barbosa montó un show, dicen los gobernadores de San Andrés y Magdalena – Gobierno – Política


La Fiscalía lleva investigaciones por diferentes procesos contra los gobernadores del Magdalena, Carlos Caicedo; San Andrés, Everth Hawkins; y Chocó, Ariel Palacios. Los mandatarios seccionales, recientemente, rechazaron estas decisiones del ente acusador y argumentaron ser “víctimas”.

Aquí le contamos por qué la Fiscalía abrió las investigaciones y qué responden los gobernadores.

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Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena

El 26 de junio de este año, la Fiscalía anunció la extinción de dominio a once bienes del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez.

Según la Fiscalía, Caicedo, en su periodo como alcalde de Santa Marta (2012-2015) y el sucesor, Rafael Martínez (2016-2019), “suscribieron contratos que fueron cuestionados y representaron una renta ilícita de $ 4.129 millones”.

Los inmuebles están avalados en más de 766 millones de pesos y “habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales, solo uno fue terminado”, informó la Fiscalía, y agregó que las propiedad serán ocupadas una vez termine el aislamiento preventivo.

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Por su parte, Carlos Caicedo, respondió en su cuenta de Twitter: “Es una infamia institucional, @FiscaliaCol me calumnia en un comunicado ruin ¡y la directora de extinción de dominio lo desmiente y aclara que solo un juez puede extinguir bienes y que primero debo ser vencido en juicio! ¡LA TAL EXTINCIÓN DE DOMINIO NO EXISTE!”.

Caicedo calificó las afirmaciones de la Fiscalía como “falsas, injuriosas y calumniosas”, dice que no pueden hacer una extinción de dominio porque solo un juez puede decretarla.

Además, respondió que los once bienes, mencionados por la Fiscalía, no son de él ni de Martínez, sino que son cinco los propietarios y que él solo es dueño de tres: “la casa de mi madre, adquirida en 1995; el apartamento donde vivo, adquirido en 2005 y el lote de Mamatoco, adquirido en 2013 e hipotecado con BBVA”.

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Por otro lado, el gobernador asegura que no se ha comprobado en un juicio que los bienes investigados hayan sido adquiridos con rentas ilícitas:

“¿Cómo se podría utilizar el dinero de obras desarrolladas entre 2015 y 2019, para pagar bienes privados adquiridos décadas atrás?”

Así mismo, resaltó que, contrario, a lo que dijo la Fiscalía, se entregaron cuatro centros de salud terminados, y no uno solo.

Finalmente, respondió que es “inadmisible que @FiscaliaCol emita un comunicado repleto de calumnias. El daño a la honra y buen nombre es evidente y pareciera ser ese justamente el objetivo de quienes han decidido obstruir este gobierno progresista en el Magdalena. Que lo sepan todos: ¡No lo vamos a permitir!”.

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Everth Hawkins, gobernador de San Andrés

Luego de que el fiscal Barbosa visitara San Andrés, la Fiscalía anuncio que el gobernador de la isla Everth Hawkins fue escuchado en interrogatorio tras verificar el proceso de adjudicación y ejecución de contrato para el diseño, diagramación e impresión de publicidad sobre la mitigación del virus.

Tras las verificaciones, informó la Fiscalía: “Se estableció que el gobernador del archipiélago, sin justificación alguna, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso de selección de oferentes y contratar directamente”.

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Por tanto, la Fiscalía citó a imputación al gobernador por presuntas irregularidades de contratación a raíz de la emergencia sanitaria: “Para el funcionario, además de vulnerar principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, se generó un detrimento patrimonial”.

Al respecto, Everth Hawkins, dijo a los medios de comunicación: “El fiscal Barbosa me ha cogido como represalia y también como chivo expiatorio, yo no di ningún pago anticipado, el contrato se ampara y se justifica en los contratos de emergencia sanitaria”.

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Hawkins explicó que el contrato se celebró para explicarle a una comunidad étnica en español, creole e inglés sobre las medidas que se tomaron por el virus, agregó que hay un “show mediático” y que el fiscal “quería tener la posibilidad de justificar su viaje a San Andrés”.

Ariel Palacios, gobernador del Chocó

El pasado 17 de junio la Fiscalía anunció la imputación al gobernador suspendido del Chocó, Ariel Palacios, por presunta irregularidades de contratación durante la emergencia sanitaria.

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Palacios es investigado por ser el presunto responsable de cuatro delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos.

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Otros gobernadores investigados

El gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, fue notificado de la investigación y medida cautelar que le impusieron la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía por irregularidades en la firma de contratos para adquirir mercados y otras ayudas para la población más vulnerable de su departamento. En este caso, la Contraloría ya inició un juicio fiscal por 1.050 millones de pesos.

En el caso del gobernador del Tolima, deberá responder por un contrato de 1.020 millones de pesos que EL TIEMPO había denunciado y que se destinaron para un plan de comunicación.

Finalmente, el gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, deberá responder por un contrato de 8.181 millones de pesos para raciones.

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