Fuerte debate por propuesta fast track para reformas sociales del gobierno Petro | Economía

La propuesta del presidente Gustavo Petro para adelantar varias reformas fiscales en el país por vía fast track, con la que cerró el contexto económico local la semana pasada, generó un fuerte debate, no solo por las implicaciones legales que traería consigo hacer cambios de esta envergadura, especialmente en materia de deuda adquirida, sino por la forma en la que se quieren presentar ante el Congreso.

De acuerdo con los detalles que se tienen hasta el momento, la figura del fast track, creado originalmente como el “Procedimiento Legislativo Especial para la Paz” e implementado en 2016 para facilitar la aprobación de normas esenciales para la implementación del acuerdo de paz en un período legislativo reducido, es la nueva estrategia de la Casa de Nariño para sacar adelante las reformas sociales.

Si bien el planteamiento original hecho por el Presidente de la República dice que esta iniciativa sería únicamente para impulsar los acuerdos de paz, hay dos puntos en materia económica que prendieron las alertas entre los analistas, puesto que promete meterse con dos puntos que hasta el momento se creían inamovibles en la dinámica fiscal, los cuales son las vigencias futuras y el sistema de regalías.

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En lo que concierne al primer punto, fue el mismo Petro Urrego quien dijo que quiere una “modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo que nos permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios”, puesto que para él “toda la inversión pública de Colombia está comprometida en los próximos 30 años”.

“Ahí soy casi una figura decorativa, frente al Presupuesto, en una serie de obras, básicamente autopistas de dos carriles ida y vuelta, que están al lado de las grandes ciudades más ricas de Colombia. Allí se va la plata. Luego, no podemos financiar la inclusión territorial, que es el eje central del acuerdo de paz”, explicó.

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Según explicó el mandatario nacional, lo que se quiere es que “en el plan de vigencia futura se incluya la financiación completa de la transformación del territorio en lo que tiene que ver con infraestructuras e inversiones públicas” y de esta manera redistribuir los compromisos que tiene el Estado, lo cual generó críticas de inmediato.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de este Gobierno, sostuvo que este tipo de cambios no se puede hacer por vía fast track, ya que son cambios constitucionales que requieren ocho debates en el Congreso, con el fin de garantizar que se genere el debate necesario y se estudie la propuesta a fondo.

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“Las vigencias futuras ya constituidas son una deuda de la Nación, para ponerlo claramente. El gobierno no puede incumplir sus deudas (…) Son compromisos que ya existen, que ha asumido el Estado con inversionistas privados, en cierto sentido es una deuda pública que se debe honrar”, indicó.

De esta manera advirtió que hacer las cosas como propone el Gobierno, “reduce el control legislativo en términos de contenido exacto de las propuestas”, lo cual mandaría mensajes erróneos a los inversionistas frente a la responsabilidad y capacidad real del país de cumplir con todos los compromisos que adquirió.

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Además de cambiar las vigencias, la propuesta del Gobierno también busca que por fast track se cambie el sistema general de participaciones para destinar recursos a los Pdet y excarcelar a los productores de hoja de coca; optimizar y realizar nuevas inversiones forzosas para los programas colectivos del Pnis y convertir los títulos hereditarios en las zonas selváticas, recordando que muchas de las zonas PDET están en áreas de selva.

Con esto, para el también exministro Mauricio Cárdenas, se abriría el paso al manejo de cuentas paralelas en la Nación, que irían por un lado con los gastos ordinarios de la Nación y por el otro con todos los rubros que se asignen para la paz, generando con esto confusiones frente al estado real de las finanzas.

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“Si lo que quiere Petro se adopta, uno sería el déficit fiscal real y el verdadero, y otro el de una contabilidad amañada que no considera los billones que se justificarían como parte del Acuerdo de Paz. Es una pésima idea sobre todo en un gobierno que ha demostrado poco interés en reducir la deuda y mejorar la calificación soberana de Colombia”, explicó.

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Entre tanto, para José Ignacio López, presidente de Anif, si bien por ahora el tema está más en el terreno político que económico, se debe tener en cuenta que el panorama no es el mejor y que la opinión pública se ha mostrado en desacuerdo, con lo cual por ahora no se proyectarían efectos disruptivos en el corto plazo.

“Habrá que esperar si finalmente cuando arranque la legislatura pues va tomando más fuerza y si el gobierno va logrando construir una coalición más amplia para pensar en este tipo de mecanismos porque por ahora no parece viable”, dijo López.

Este analista agregó que el país debería aprovechar este momento para poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de flexibilizar el sistema general de participaciones y de esta forma garantizar que las regalías generen un desarrollo equitativo en todas las regiones, aunque advirtió que eso debe darse en el escenario estipulado por la ley.

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Dentro de las 10 ideas que desde Casa de Nariño se busca aprobar ágilmente en el Congreso también está la que propone una reforma agraria para la compra administrativa exprés de tierras y un sistema único con un solo tribunal de cierre para todos los sectores, incluyendo organizaciones narcotraficantes relacionadas con el conflicto, temas que para los analistas requieren un debate a conciencia.

En este sentido, Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina, deja claro que no solo se trata de proponer un fast track, puesto que hay que lograr su aprobación en el Congreso y definir los proyectos que se irían por esta vía, situación que generará un trámite adicional para el Legislativo.

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“Tanto el fast track como las reformas que buscan el aval, necesitan la aprobación del Congreso de la República. Es en este escenario en el que el Gobierno tendrá que desenvolverse y es probable que para ello fue que se tomó la decisión de cambiar a su Ministro del Interior”, expresó Jalil.

No obstante, para este experto, antes de generar mensajes de alerta es necesario tener presente que los mercados cada vez le dan menos importancia a este tipo de anuncios, ya que ven que los mismos tienen probabilidades bajas de ser aprobados en el Congreso. Así mismo, para los cambios que quiere el Gobierno, señala que ya existen otros caminos.

“Sería más rápido enviar un proyecto de ley para modificar lo dicho en las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 que son las que delimitan el Sistema General de Participaciones. La sola aprobación del fast track se tomaría un año y en ese mismo período de tiempo se podría tener una nueva ley con cambios del SGP. Esto convertiría el fast track en un slow track”, sostuvo el economista jefe de BTG Pactual.

Más allá de si es posible o no realizar este tipo de cambios y las implicaciones o procesos que cada uno pueda acarrear, los analistas que hablaron con Portafolio dejaron claro que el país tiene otras prioridades en este momento, como enfocar su agenda en la reactivación económica y no seguir generando este tipo de debates.

“Los mercados están atentos pero también ya han aprendido a ver lo que ha venido pasando en los dos años anteriores. Así las cosas, se mantienen alertas pero no van a reaccionar ante los anuncios ya que, de entrada, ellos asignan una probabilidad baja a que este tipo de anuncios se pueda concretar políticamente”, dijo Munir Jalil.

A esta discusión se unió también José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, quien argumenta que las propuestas del fast track generan incertidumbre y desconfianza tanto en los ciudadanos como en el sector privado, además de que es una alternativa inviable, tanto desde lo constitucional, como desde lo legal, y plantea dudas fiscales significativas en un escenario de finanzas públicas ajustadas.

“Siento que no es ninguna prioridad económica en este momento para el país, ninguna de esas medidas. Me parece que la prioridad económica para el país en este momento es reactivar la economía, generar crecimiento a la economía, ordenar las finanzas públicas, eliminar el derroche y generar pues ingresos suficientes por la vía de crecimiento para que existan una estabilidad en materia de las finanzas públicas”, dijo Restrepo Abondano.

Otra crítica que se hizo al Gobierno en medio de este debate fue la petición del presidente Gustavo Petro al sistema financiero mundial para que se quite el ‘riesgo país’, ya que para analistas como Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, demuestra que el país no es capaz de manejar sus deudas.

“Manifestar que estamos ahorcados financieramente implica que se genere más incertidumbre y desconfianza y se aumente el riesgo país y en consecuencia la deuda sea más costosa. El riesgo país mide elementos como la inseguridad jurídica y la incertidumbre política que todos los días el presidente Gustavo Petro aumenta con sus ideas contrarias a la Constitución y a la defensa de las instituciones”, indicó.

Londoño cerró diciendo que salir a pedir esto por un lado, mientras por el otro se plantea un debate para cambiar las deudas adquiridas con inversionistas privados que creyeron en el desarrollo del país, genera mensajes contradictorios que no le hacen nada bien a la estabilidad financiera.

Con esto sobre la mesa, el debate sobre la viabilidad de las reformas fiscales por vía fast track, según los planteamientos de estos analistas, cierra en el mismo punto donde la economía viene dando vueltas desde hace meses y es que se necesita urgente un plan de reactivación que involucre al sector público y al privado.

“El Gobierno debería enfocar su agenda a la reactivación económica. En este punto habría temas a tratar como los cuellos de botella en sectores como el exportador y la construcción. Y desde el punto de vista estructural, aunar esfuerzos para buscar soluciones creativas a problemas como la reducción de la informalidad”, dijo Munir Jalil.

Propuesta de Fast track generaría cuentas paralelas en las finanzas del Estado

Este plan, además de generar confianza, debe propender por ordenar las finanzas públicas, eliminar el derroche y generar ingresos suficientes por la vía de crecimiento, para que de esta forma exista una estabilidad en materia de las finanzas públicas.

“Crecer, tiene que ser esa en este momento la primera prioridad y eso se logra con otra prioridad que se llama confianza, confianza del sector privado a las decisiones del gobierno nacional, certidumbre del sector privado a las decisiones del gobierno nacional y justamente estas propuestas van en la dirección contraria”, resaltó José Manuel Restrepo.

Por último, para los expertos consultados por Portafolio, sacar adelante esta idea solo generaría un nuevo atasco de propuestas en el Congreso, puesto que la propuesta del fast track se encontraría con la idea de la asamblea nacional constituyente, las reformas sociales, el proyecto de presupuesto para 2025 y todas las iniciativas que puedan llegar por parte de los senadores y representantes.

Un estudio del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana reveló que las vigencias futuras aumentarán la presión fiscal en 2025, ya que para los dos años que restan de gobierno (2025-2026) hay asignados $46,8 billones de pesos por este concepto, de los cuales $37,2 billones (bn) son para gastos de inversión ($21,1 bn en 2025 y $16,1 bn en 2026) y los restantes 9,6 billones de las vigencias van para rubros de funcionamiento.

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“Sorprende que las Vigencias Futuras (VF) para funcionamiento, no solo no bajaron, sino que por el contrario aumentaron 47,4%, al reportar 3,3 billones adicionales. Además, específicamente para 2025, las VF de inversión, que deberán incorporarse en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 en los próximos meses, pasaron de 16,4 a 22,4 billones de 2023, con un crecimiento de 36,6% real”, explicaron desde Corfi.

Así las cosas, según las cuentas de este grupo de analistas, el país tendría una de las participaciones de vigencias futuras más altas de los últimos cinco años, quedando por encima incluso de los tiempos de pandemia y posteriores. Esto aumentará la presión fiscal, puesto que se trata de un componente inflexible de la inversión del Gobierno Nacional, ya que son compromisos de pago adquiridos en vigencias anteriores.

Esta situación también reduce el margen de maniobra de asignación de los recursos disponibles para gastar en 2025 y le quita espacio al Ministerio de Hacienda para que pueda incorporar sus programas, lo cual es importante si se tiene en cuenta que el país está en un escenario fiscal que ya es retador, dados los compromisos de ajuste fiscal requeridos.