Los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, llegaron a un acuerdo con siete empresas del país para bajar las tarifas de energía de estratos los 1, 2 y 3.
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El acuerdo contempla, además, que el Gobierno asumirá unos $ 2,7 billones del saldo de la deuda de la opción tarifaria a los usuarios residenciales de esos estratos.
Grupo EPM (EPM, Caribemar- Afinia, Central Hidroeléctrica de Caldas, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Empresa de Energía del Quindío, Electrificadora de Santander) y la empresa Air-e fueron las compañías que sellaron el acuerdo y establecieron, junto con el Gobierno, la hoja de ruta que permitirá a los usuarios beneficiarse de la reducción en los costos de su tarifa del servicio público domiciliario de energía eléctrica.
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Según este acuerdo, el mecanismo inmediato de financiamiento a estas empresas será por medio de las líneas de crédito habilitadas por la banca pública, destinadas a financiar a las empresas comercializadoras de energía que tienen saldos de deuda de la opción tarifaria.
Dichos créditos gozan de bajas tasas de interés, menores a las del mercado, y cuentan con períodos de gracia de hasta 12 meses.
Air-e
Archivo particular
De común acuerdo con las empresas comercializadoras, el Gobierno estableció que estos dineros se reflejarán de forma progresiva en la tarifa de sus usuarios, teniendo en cuenta sus particularidades, disminuyendo el costo unitario de la opción tarifaría correspondiente a los recursos recibidos por el financiamiento, en tanto está vigente el periodo de gracia y las facilidades de los créditos que financien la opción tarifaría en plazos amplios.
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De esta forma, los usuarios del país experimentarían un alivio en sus tarifas, que iría desde el 4% hasta el 20% del costo unitario de la prestación del servicio de energía eléctrica, dependiendo de la empresa prestadora del servicio, y proporcional al monto del crédito adquirido por éstas. El valor más representativo de este rango de porcentaje lo experimentarán los usuarios más vulnerables.
Además, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG expedirán una regulación específica que permita el cobro diferenciado del costo por opción tarifaria entre los estratos beneficiados (1,2 y 3) y los que continúan pagando la totalidad de la deuda (4,5 y 6 industriales y comerciales).
También habrá una optimización del esquema actual de las garantías que respalda las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista.
Air-e.
Archivo EL TIEMPO
En el acuerdo se estableció que los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía presentarán el 20 de julio, ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que permite al Estado asumir el pago de la deuda con los criterios descritos.
También se adelantarán mesas de trabajo con las demás empresas que tienen saldos de opción tarifaria que aún no han realizado acuerdos, con el fin de lograr la disminución tarifaria y activar los mecanismos para concertar este alivio en los costos de energía a la población colombiana.
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Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuará con el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar que las empresas de servicios públicos apliquen debidamente la normativa expedida en el marco del acuerdo.
«Continuaremos las jornadas de trabajo con usuarios, empresas y agremiaciones, orientado a definir un esquema de disminución del costo de la energía para la población más vulnerable del país e identificar medidas adicionales como renegociación de contratos para garantizar energía más barata destinada a esos mercados como el del Caribe que representa cerca del 20 % de los hogares pobres», señaló el Gobierno, tras dar a conocer las condiciones del acuerdo.
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