El gobierno de Venezuela aseguró este lunes que “no reconoce ni reconocerá” lo que demostró como una “venta forzosa” de Citgo Petroleum, la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La semana pasada venció el plazo fijado por un tribunal de EEUU, que organiza la subasta de acciones de Citgo, para que postores presenten sus ofertas en un proceso judicial que busca pagar a acreedores por expropiaciones e incumplimientos de deuda en Venezuela por unos 21.300 millones de dólares.
“Citgo es un importante activo estratégico de la empresa petrolera nacional venezolana PDVSA. Su venta forzosa constituye un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los Estados Unidos contra Venezuela”, precisó un comunicado divulgado este lunes por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
“El gobierno de Venezuela y PDVSA fueron excluidos de la venta judicial de CITGO y se les impidió defender sus derechos ante los tribunales estadounidenses”, continuó el texto, en el que acusa a la Asamblea Nacional elegida en 2015, y varios dirigentes políticos, entre ellos Juan Guaidó, de ser cómplices del proceso.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro advirtió que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para evitar el “despojo definitivo” de la empresa y reiteró que se reserva el ejercicio de acciones frente a cualquier empresa o individuo que adquiera las acciones, facilite la compra o negocia con los activos de Citgo, el séptimo mayor refinador de EEUU.
De acuerdo con fuentes de la agencia Reutersal menos cinco grupos de inversores han presentado ofertas en la subasta.
El viernes pasado, el ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea, pidió al tribunal estadounidense detener la subasta, que ha atraído a inversores de renombre ya empresas comercializadoras de energía como Vitol, ConocoPhillips y Koch Industries.
Citgo se escindió de la petrolera estatal venezolana PDVSA en 2019 por orden de la Asamblea Nacional de 2015, luego de que EEUU impuso sanciones contra el gobierno venezolano y desde entonces ha operado bajo protección de Estados Unidos.
Sus tres refinerías estadounidenses procesan hasta 807.000 barriles de petróleo por día y la compañía ha generado 5.260 millones de dólares en ganancias netas combinadas en los últimos nueve trimestres.
El proceso judicial en curso permite a los postores continuar estructurando financiamientos, «completar» ofertas de crédito y potencialmente aumentar sus ofertas en al menos 100 millones de dólares para superar una oferta competidora.
Se espera que los resultados de la subasta se anuncien a mediados de julio, según el calendario del tribunal. Una audiencia el 2 de julio fijada por el funcionario judicial que supervisa el proceso, Robert Pincus, podría proporcionar nuevos detalles sobre las ofertas y los inversores.
El abogado de Pincus declinó comentar a Reuters sobre los procedimientos y resultados de la segunda ronda de licitación.
[Con información de Reuters]
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