La inflación anual del país se ha enfrentado a incrementos a doble dígito desde hace algunos meses. Uno de los grandes impulsores de este comportamiento ha sido el costo de la electricidad, que a febrero se ubicó en 19,5 %.
Esto llevó a que el Ministerio de Minas y Energía haya promovido una serie de medidas para disminuir el precio del kilovatio del servicio público. En un primer momento lanzó el Pacto por la Justicia Tarifaria.
(División en la Unión Europea por el hidrógeno ‘rosa’).
Este incluía tres resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como medidas voluntarias de las compañías generadoras para reducir el efecto de los indexadores sobre el costo del kilovatio.
Dentro de las resoluciones se definía el uso del menor indexador entre el IPC e IPP (Índices de Precios al Consumidor y al Productor, respectivamente), con el fin de que las variaciones en el incremento mensual de algunos componentes de la factura no tuvieran alzas muy fuertes. Sin embargo, ambos índices han venido en constante alza, con lo que el IPP sumó en el año 21,8% mientras que el IPC alcanzó 13,12%.
En su momento, el Ministerio estimó que las reducciones podrían oscilar entre 4% y 8%. Sin embargo, este no fue el caso. Por ejemplo, en noviembre, el promedio del kilovatio vendido en el país fue de $779,1, con un aumento de 0,84% frente a los $772,7 que se habían registrado en la facturación de noviembre.
(El tercer intento del Gobierno para atajar los precios de la energía).
Y esta tendencia ha seguido presentándose. La variación mensual del servicio eléctrico en enero frente a diciembre siguió mostrando alzas, con un promedio del kilovatio.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Servicios Públicos, el promedio fue de 1,04% para el estrato 4.
Esto llevó a que el Gobierno buscara otras alternativas, para afrontar los altos precios. Una de estas fue el decreto 0227 del 16 de febrero 2023 con las que se le daba al presidente Gustavo Petro la posibilidad de asumir funciones regulatorias de la Creg.
(Hay 296 megavatios solares instalados en 27 proyectos).
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto.
Por el momento el órgano judicial no ha tomado una decisión de fondo, a pesar de lo cual este camino no será viable por el momento, con lo que el Gobierno ha buscado otras maneras.
Se esperaba que en el Plan Nacional de Desarrollo aparecieran artículos con medidas al respecto. Sin embargo, la decisión fue emitir un proyecto de decreto que contempla varias medidas, que abarcan desde la generación hasta la comercialización del servicio público.
(La actividad económica colombiana arrancó el año con buen ritmo).
El primer punto está relacionado con la valoración de los recursos. Como la matriz de generación es principalmente hídrica, esto significa que un cambio sobre este afectaría una gran parte de la conformación de los precios desde el componente de generación.
“Se han identificado temporalidades en las que no se tiene una señal de condiciones de escasez del recurso hídrico por parte del Ideam, pero se observan variaciones de precio en bolsa que no reflejan tal situación”, dice la memoria justificativa.
(En La Guajira y Nariño se harán las primeras comunidades energéticas).
Esto llevó a que la cartera propusiera que a Creg genere una serie de reglas con criterios como valoración a mínimo costo de las ofertas de generación cuando correspondan al cumplimiento de los caudales mínimos ambientales; valoración a mínimo costo de la generación por seguridad cubierta con recursos hídricos y valoración máxima del costo de oportunidad de los recursos hídricos cuando desplacen recursos térmicos por mérito, entre otros.
Ahora bien, este es uno de los múltiples cambios que se harían, dado que la resolución cuenta con 10 artículos, que abarcan también la comercialización, al tener en cuenta temas como la exposición a bolsa.
Las disminuciones en el precio de la electricidad se dieron efectivamente por algunos meses.
Después de haber tenido un pico en agosto, el precio del kilovatio (para estrato 4) tuvo una ligera caída. No obstante, esta tendencia se revirtió rápidamente y no ha dejado de aumentar el promedio mes tras mes. En enero, el promedio llegó a $805 por kilovatio, tras un alza de 1,04% según la Superservicios. Los datos con corte a febrero aún no están disponibles en la entidad, con lo que estas últimas variaciones no han podido ser consultadas por Portafolio.
Ahora bien, en febrero el precio promedio del kilovatio vendido en bolsa aumentó hasta $533,70. Este alto precio podría significar nuevas alzas en las facturas en los próximos meses. Esto dependerá del nivel de exposición a la bolsa que tengan las compañías.
(Productividad total en 2022 fue 0,8 %, según reportó el Dane).
Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, estima que a nivel general, el impacto del valor de bolsa se refleja en 6% de los cobros al usuario final.
Esto, aunado al hecho de que tanto el IPC como el IPP siguen teniendo incrementos mes tras mes, van a significar que no va a haber alivios en este sentido. Es por este motivo que el gobierno está buscando la creación de un indexador propio para el sector, que aísle factores que no le afectan.
De esta forma, las variaciones serían más moderadas y reflejarían realmente el ritmo al que se debería incrementar la facturación para retribuir los incrementos en costos de la cadena.
Por el momento, se siguen buscando salidas para controlar los incrementos en el servicio público.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista Portafolio