Mediante una acción de tutela la Defensoría del Pueblo, Regional Putumayo, logró que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, ordenara a la Registraduría Nacional del estado Civil disponer de una mesa de votación para que las personas que se encuentran en los centros transitorios de reclusión preventiva, contiguo a la Casa de Justicia e instalaciones de la Fiscalía del Municipio de Mocoa, puedan ejercer su derecho al voto este próximo domingo 13 de marzo.
“Hicimos presencia el día de ayer en el segundo Comité de Seguimiento Electoral de carácter departamental y la Defensoría del pueblo siempre garante de los derechos, de las garantías ciudadanas, pero en esta época, de los derechos políticos de los ciudadanos putumayenses, ha dejado de manifiesto un serio y grave problema, como es el hecho de que no existan puestos de votación en los centros transitorios de detención preventiva que existen actualmente en el departamento del Putumayo”, dijo esta semana a Conexión Putumayo, Jhon Harol Ordoñez, defensor Regional del Pueblo de Putumayo.
El juez Bladimir Enrique Herrera Moreno, había admitido la acción de tutela presentada por la Defensoría del Pueblo y resolvió: “PRIMERO: como medida provisional de urgencia se ordena a la Registraduría Nacional del estado Civil, para que de forma inmediata proceda a realizar el correspondiente censo electoral de las personas privadas de la libertad que aún no hayan sido condenadas y que se encuentran en las instalaciones contiguo a la Casa de Justicia e instalaciones de la Fiscalía del municipio de Mocoa, a efectos de que se garantice el derecho fundamental para el sufragio para las elecciones legislativas del 13 de marzo del 2022, acto seguido, dispondrá un puesto o mesa de votación para que dichas personas puedan ejercer su derecho al voto el día domingo 13 de marzo del 2022”.
De igual manera ordena también al alcalde municipal colaborar en esta tarea a la Registraduría, para que se cumpla lo establecido: “SEGUNDO: El representante legal del municipio de Mocoa, como primera autoridad de Policía del municipio, colaborará de manera mancomunada con la Registraduría Nacional del Estado Civil, a efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el PRIMERO del resuelve”.
En el tercer y cuarto artículo, el juzgado solicita notificar a los entes competentes y que estos presenten un informe de lo realizado para cumplir con esta orden: “TERCERO: Admitir la presente Acción de Tutela y en consecuencia, notifíquese esta providencia a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al municipio de Mocoa, a quienes se les enviará copia del escrito de Tutela y sus anexos. CUARTO: De acuerdo con lo anterior se le solicita a las entidades accionadas rendir un informe a este despacho respecto de los hechos a los cuales hace alusión el escrito de Tutela, aportando los documentos que tengan relación con la presente acción”.
De igual manera, mediante este fallo, el juez manifiesta que, las entidades accionadas deben de presentar el informe en el lazo de dos días, una vez se les haya notificado, que de presentar omisión injustificada en el envío del informe que además se recibirá bajo la gravedad de juramento podría acarrear sanciones por desacato.
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