Ante las dificultades con el flujo de recursos para cubrir los servicios por fuera del plan de beneficios y que ya se prestaron a los afiliados, en diálogo con EL TIEMPO la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integrada (Acemi), Paula Acosta, hace un llamado para que se agilicen dichos pagos.
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Vale aclarar que estos dineros que se les adeudan a las entidades promotoras de salud (EPS) son diferentes a los contemplados en la Unidad de Pago por Captación (UPC), que es el dinero que el sistema de salud reconoce a las EPS por cada uno de sus afiliados anualmente, en razón de que son causados por el pago de servicios no cubiertos por este rubro.
¿Cuál es la situación del flujo de recursos hacia las EPS en el fin de año?
Ha sido un cierre de año muy difícil para las EPS. Con base en información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), con corte a septiembre los estados financieros del conjunto de entidades promotoras de salud afiliadas a Acemi muestran que más del 98 por ciento de los recursos de la UPC se han ido a pagar prestaciones en salud (se calcula sobre 90 por ciento), y que la ejecución de presupuestos máximos para el año es del 148 por ciento. Esta insuficiencia de recursos la hemos expuesto al Gobierno, al Congreso y a los entes de control.
¿Cuál es el monto que la Adres les adeuda y por qué conceptos?
Hasta el pasado 30 de diciembre, estábamos pendientes de las resoluciones que debe expedir el Ministerio de Salud y Protección Social para reconocer las deudas por concepto de las prestaciones y atenciones que se hacen por fuera del plan de beneficios y que no se cubre con cargo a la UPC. Según las cuentas de Acemi, estas deudas ascienden a 2,6 billones de pesos, teniendo en cuenta tanto lo que se debe de 2021 como los montos que se adeudan de 2022.
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Si las cuentas están claras, ¿cuál es la causa de esta dificultad?
Lo que ha dicho el Ministerio de Salud es que, de un lado, no cuenta con los recursos en el presupuesto de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para 2022, y que requiere aclaración sobre diferentes rubros, estableciendo un plazo hasta el presente enero de 2023 para resolver las dudas correspondiente a lo que se adeuda desde 2021. En ese sentido, es importante aclarar que, en respeto del principio de la autonomía que tienen los médicos, las entidades promotoras de salud no pueden regular ni controlar lo que prescriben los profesionales de la salud y los prestadores cuando ordenan algo que no está incluido en el plan de beneficios (cuyo pago se ha denominado presupuestos máximos), ni los precios a los que se les cobran a los usuarios esas atenciones, toda vez que los prestadores ordenan estos servicios directamente (sin intervención de la EPS) a través de una plataforma llamada Mipres que es administrada directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social.
¿Qué riesgo tiene esta situación para el sistema?
La insuficiencia de recursos pone en riesgo a todo el sistema, no solo a las EPS. Los riesgos son de muchos tipos. En primer lugar está el riesgo de no cumplimiento de los indicadores financieros, lo que pone a las entidades en riesgo de intervención o liquidación; el riesgo para los prestadores y proveedores de carteras que crecen y no están adecuadamente respaldadas, el riesgo para los trabajadores de que les queden debiendo sus honorarios y, por supuesto, el riesgo para los usuarios y pacientes de no poder acceder a servicios, que estos se demoren, o de tener que pagar de su bolsillo las atenciones.
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¿Qué llamado les hacen ustedes al Gobierno a dos días de acabarse el año?
El llamado es a acelerar los procesos de reconocimiento de deudas que se tienen a la fecha con las EPS, para que, de esta forma, se le inyecte liquidez a todo el sector de la salud. También es una invitación al Gobierno para que priorice, en la adición presupuestal que se tramitará este año en el Congreso de la República, los recursos para que el sector de la salud esté adecuadamente financiado en Colombia.
EL TIEMPO