Redacción
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto 0227 de 2023 con el cual el presidente Gustavo Petro asumía el control de la regulación de los servicios públicos en el país.
(Vea: Procuraduría abre investigación a Nicolás Petro, hijo del Presidente).
«Se decreta la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 227 de 16 de febrero de 2023, acto administrativo suscrito por el Presidente de la República, por los ministros: de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y de Vivienda Ciudad y Territorio, y por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, de conformidad con las razones expuestas en el presente proveído«, decidió el Consejo de Estado.
La posición del alto tribunal se dio como respuesta a una solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por Julián David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao.
Los accionantes pedían, precisamente, la suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 0227 del 16 de febrero de 2023.
(Vea: Suspenden decreto con el que Petro asumía regulación de servicios).
Vale la pena recordar que dicho documento había sido firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro; por los ministros de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía, y Vivienda, Ciudad y Territorio, y por el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional.
Esta medida de la entidad judicial es la segunda que se toma en menos de una semana contra medidas del Gobierno Nacional. Manuel Gomez, experto en derecho público de Cuatrecasas, explicó que la primera fue tomada tras la directiva presidencial sobre los contratos de prestación de servicios.
(Vea: Los puntos a analizar para congelar factura de luz, según empresas).
Solorza Martínez y Arboleda Henao argumentaron varios motivos para la solicitud de suspensión del decreto.
El primero de ellos era que se incumplía “el deber de dar a conocer a los asociados, cuando menos con 15 días calendario de anticipación, el proyecto de regulación que sirvió de sustento al acto administrativo acusado”.
También argumentaron que este decreto estaba viciado de nulidad. Esto “en la medida en que no le estaba dado al primer mandatario de la Nación asumir funciones asignadas por la Constitución Política al poder legislativo; por haberse expedido sin competencia, por cuanto el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios está sometido a reserva legal; por haberse expedido con falsa motivación, por cuanto se desconoció que, en materia de regulación de los servicios públicos, el Constituyente consagró competencias específicas al Presidente y a otras a autoridades, previa habilitación expresa por parte del Congreso de la República, y por haberse expedido con infracción de las normas superiores en que debía fundarse”.
(Vea: Qué tan viable es la propuesta de Petro sobre democratizar la energía).
Precisamente, los demandantes señalaron que el presidente podría retomar solo aquellas funciones explícitamente delegadas y no las que por medio del Congreso se hubieran delegado.
Servicios públicos.
EL TIEMPO
Qué dice el decreto 0227
El documento decía que el mandatario reasumiría las funciones generales delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
(Vea: ‘La disminución de las tarifas de la energía no da espera’).
Esta decisión se tomó con base al artículo 68 de la ley 142 de 11 de julio de 1994.
Eso sí, el decreto establecía que las comisiones de regulación continuarían expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen y que el presidente podría solicitar apoyos técnicos a las comisiones de regulación y demás entidades de cada sector.
Finalmente, empezó a regir desde su publicación, o sea, el 16 de febrero de 2023, y tendría una duración de tres meses, es decir, hasta el 16 de mayo del 2023.
(Vea: Decreto para tomar funciones de Creg podría ser inconstitucional).
Hasta el momento, no se había emitido ninguna determinación al respecto.
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