El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, ha revelado hallazgos significativos de los interventores en las EPS Sanitas, Nueva EPS y S.O.S. Las auditorías destacan deudas masivas, irregularidades contractuales y fallas en la cobertura de servicios de salud, subrayando la necesidad de intervención y ajuste en estas entidades.
Sanitas EPS se enfrenta a un escrutinio detallado tras el descubrimiento de gastos operativos anuales de 104.226 millones de pesos en la operación de centros médicos, una responsabilidad que debería recaer en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). Esta integración vertical se considera inapropiada, dado que los gastos corresponden a las IPS que ya reciben pagos por la atención de pacientes.
Además, se han firmado múltiples contratos sin beneficios claros para Sanitas, y falta una distribución clara de la población afiliada, capacidad instalada de los prestadores y brechas en la oferta de servicios. Esta situación podría afectar la capacidad de la EPS para atender adecuadamente a sus afiliados y mejorar la calidad del servicio.
Un contrato particular impide a Sanitas suministrar medicamentos a sus afiliados a menos que la contratista lo permita, limitando severamente su capacidad de operar y gestionar la distribución de medicamentos e insumos médicos.
En Nueva EPS, la intervención ha revelado 12,645,762 registros de facturas no auditadas por valor de más de 4.4 billones de pesos, multiplicando la deuda de la EPS a 5.7 billones. Esta falta de transparencia en la contabilidad ha generado una polémica significativa, con Enrique Vargas Lleras, exmiembro de la Junta Directiva, negando cualquier irregularidad y afirmando que todas las operaciones fueron legales y transparentes.
El informe también resalta una suficiencia de red del 87.7% con brechas del 12.3%, especialmente en departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Además, se destacan coberturas insuficientes en programas de promoción y prevención de salud, como tamizajes para cáncer y planificación familiar, con cifras preocupantemente bajas.
Entre 2022 y 2023, el gasto médico se incrementó en un 58%, generando una siniestralidad del 118.93%, reflejando una creciente insostenibilidad financiera.
La intervención en S.O.S. EPS señala un riesgo significativo debido a la concentración de servicios en la prestadora Comfandi. La baja ejecución de contratos PGP y dificultades en el recobro de servicios prestados reflejan una gestión ineficiente, con un valor a recobrar de más de 14 mil millones de pesos.
La Superintendencia Nacional de Salud enfatiza la necesidad de un análisis profundo de estos hallazgos y la implementación de un plan de trabajo riguroso para asegurar el uso adecuado de los recursos de salud y proteger la vida de los pacientes.
En conclusión, las intervenciones en Sanitas, Nueva EPS y S.O.S. EPS revelan serias irregularidades que requieren acciones inmediatas y decisivas para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud en Colombia.