El Defensor del Pueblo, realizó una verificación de la situación de las comunidades victimas del desplazamiento forzado que han llegado a la capital vichadense por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC en zona fronteriza, además realizó una visita al relleno sanitario y al centro reclusorio para revisar las acciones a favor de garantizar los derechos humanos en la comunidad.
La Defensoría informó que, en lo que va corrido del 2022, la Defensoría del Pueblo ya registra 936 personas de 277 familias víctimas de desplazamiento forzado hacia Puerto Carreño por las confrontaciones que se han venido presentando y que al igual que ha venido ocurriendo en Arauca, las comunidades han tenido que abandonar sus tierras al otro lado de la frontera.
Según indicó el equipo de la Regional Vichada que ha venido haciendo el seguimiento a la crisis humanitaria y constatando en los recorridos, el 55% de la población afectada corresponde a indígenas migrantes, el 42% a campesinos migrantes y solo el 3% a campesinos colombianos.
Camargo comentó que el común denominador que se encuentra en la zona fronteriza de Arauca y Vichada es la población arrinconada, porque en las ciudades o zonas urbanas no tienen espacio para desarrollar sus actividades de pesca y agricultura, por lo cual están pasando hambre.
“Hambre, abandono y miedo es lo que encontré durante mi visita a Puerto Carreño, por cuenta del desplazamiento forzado de varias comunidades de campesinos, de pescadores, de indígenas y de migrantes que han tenido que abandonar su territorio por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales. Es una situación humanitaria con dimensiones tan graves como las que hemos venido atendiendo en Arauca”, dijo Carlos Camargo.
La Defensoría del Pueblo, lo que más le preocupa es que la crisis humanitaria se está incrementado y aseguran que el temor es tan gran que las comunidades visitadas manifiestan que no piensan regresar, porque no van a exponer sus vidas ante las amenazas de los grupos armados y por el riesgo de reclutamiento de sus niños, niñas y adolescentes.