Redacción
A dos semanas de que comience la nueva legislatura, el Congreso de la República aún no tiene claro cómo va a funcionar a partir del próximo 20 de julio. El semestre pasado terminó un año legislativo fuera de lo acostumbrado en los 208 años de historia del Congreso, pues por primera vez este sesionó, debatió y votó de manera virtual.
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Si bien este modelo sirvió para que el Congreso pudiera funcionar, después de más de un mes de parálisis, para el próximo semestre subsisten dudas sobre la viabilidad de seguir sesionando de manera remota, especialmente porque la Corte Constitucional ya le puso la lupa a esta modalidad de debate.
Las sesiones virtuales tuvieron aciertos y desaciertos. Para algunos parlamentarios no fue fácil adaptarse a la dinámica del ciberespacio, que trae consigo problemas técnicos como fallas de Internet o encender la cámara y el micrófono en momentos inapropiados, que resultaron para algunos en descaches, como el viral ‘madrazo’ del presidente de la Comisión Séptima a un colega.
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De todas maneras, el ausentismo disminuyó significativamente y fácilmente podían estar presentes 160 representantes a la Cámara, de los 172 que hay en esa corporación. Además, se acabó uno de los dilatadores en las sesiones presenciales que era la confirmación del quórum, proceso que tardaba alrededor de una hora y que con las sesiones virtuales se hacía en 15 minutos.
No obstante, brilló por su ausencia el control político de la primera declaratoria de emergencia social, a pesar de que el informe motivado del Gobierno llegó al Congreso. Con retrasos pero llegó.
¿Podrá seguir subsistiendo esta modalidad sesionar? La Corte Constitucional comenzó con ojo crítico a estudiar el decreto mediante el cual el presidente Iván Duque habilitó a las tres ramas del poder público para que deliberen y tomen decisiones sin reunión presencial.
En alto tribunal, varios magistrados han expresado dudas frente a la viabilidad de las sesiones virtuales. Algunos consideran que un decreto emitido por el jefe de Estado no puede modificar el reglamento del Congreso, que es una ley orgánica.
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Garantías a la oposición
Adicionalmente, los magistrados advierten que la nueva modalidad tecnológica impide a la oposición discutir en condiciones de igualdad. No fueron pocas las oportunidades en las que a los parlamentarios departidos contrarios al Gobierno les apagaban el micrófono o no se les otorgaba la palabra.
De hecho, la semana pasada congresistas de oposición, y algunos independientes, le enviaron una carta a la Corte Constitucional en la que le piden al alto tribunal que inste al Congreso a sesionar de manera presencial.
“Le solicitamos a la máxima corporación constitucional que restaure el equilibrio de poderes que en medio de la crisis que se vive actualmente en Colombia por cuenta de la pandemia de la COVID-19, se ha visto desbalanceado a favor del Ejecutivo y de un exacerbado presidencialismo, por cuenta además de un funcionamiento a medias del Congreso de la República”, indica la comunicación.
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A esto se suma que en las próximas semanas el Congreso tendrá que elegir al nuevo Defensor del Pueblo y al Procurador General de la Nación. Estas votaciones, por normal, deben hacerse mediante voto secreto, opción que en la virtualidad no está garantizada.
Una tabla de salvación a futuro es un proyecto de ley que actualmente hace trámite en el Congreso que reglamenta las sesiones y el voto virtual, pero le faltan dos de los cuatro debates necesarios y después pasar la revisión constitucional.
Esta discusión se da justo en el momento en el que el país, según los expertos, se acerca al pico de la pandemia del covid-19.
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