En medio de las propuestas de transición energética, el gremio de las energías renovables no convencionales, SER Colombia, anunció la llegada de Alexandra Hernández a la dirección. En conversación con Portafolio, la líder explicó los retos y las proyecciones para los próximos años. La asociación estima que entre 2023 y 2024 entrarían más de 70 proyectos con una inversión de US$2.500 millones.
(Crean fondo de inversión para impulsar la eficiencia energética).
¿Cómo ha sido la llegada desde el sector de hidrocarburos al de energías renovables?
Es una verdadera transición energética en lo profesional y en lo personal, sin duda alguna es retador para mí. Parte de mi primer reto cuando llegué a la ACP fue consolidar la industria que estaba creciendo y es como un déjà vu entrar a esta industria, en un momento crítico de consolidación.
Por supuesto, esto es un trabajo en equipo y de donde participan muchos, para mí es todo un honor y un reto.
¿Cuáles son los retos que asume con el cargo?
El principal reto es hacer realidad los proyectos de energías renovables. Colombia viene de tiempo atrás impulsando las fuentes no convencionales de energía, desarrollando un marco de Política Energética alrededor de incentivos. Este es un país con oportunidades energéticas limpias y competitivas para los colombianos ya sea los que están conectados a la red, pero también aquellos que todavía están aislados.
(América Latina, cerca de ser un gigante en energías renovables).
Hay una serie de condiciones para pensar de manera optimista. Pero hay que hacerlo realidad, atender esos cuellos de botella y lograr que los proyectos entren en operación.
¿Cómo analiza las dificultades que han enfrentado las compañías para adelantar las consultas?
Una ventaja que tiene este sector es que es de muy buen recibimiento del Gobierno. Cumple todos los requisitos para que haya una relación constructiva.
Ahora bien, tenemos un inventario identificado de proyectos, que pronto publicaremos, que van a salir este año y el próximo. Estos van a ser necesarios, porque el país requiere esos kilovatios, pero en su gran mayoría todavía tienen trámites pendientes, están a punto o en proceso de terminar sus trámites de licencias y permisos ambientales.
Hay un trabajo muy grande en región, donde tenemos que trabajar sin duda alguna, pues esos procesos tienen que pasar por socialización y aceptación de las comunidades; ahí hay un camino por recorrer, a corto, mediano y largo plazo.
La gracia es no solo tener proyectos programados, sino realmente puestos en marcha y con las comunidades convencidas de que somos un buen vecino.
¿Cuántos proyectos tienen inventariados que podrían ingresar?
Son 16% de la capacidad instalada actual del país que tenemos inventariados de afiliadas de SER Colombia programados para entrar entre el 2023 y el 2024.
(Colombia presentaría plan de integración eléctrica en América Latina).
Estos datos no incluyen esos proyectos, por ejemplo, de La Guajira que se han venido postergando, que entrarían ya después del 2025-2026. Estamos hablando de más de 70 proyectos que tenemos identificados.
¿Esos proyectos que estiman cuánta inversión requieren?
Son más de 70 proyectos; estamos hablando de inversiones por encima de los US$2.500 millones previstas en estos dos años. Va a depender mucho de cómo se desarrollan en el tiempo y que se logre adelantar de lo que se ha venido postergando también en los años anteriores.
¿Cómo analiza la propuesta de las comunidades energéticas y cuáles son los desafíos para desarrollarlas?
Hay un camino por recorrer, sin duda alguna, desde el punto de vista regulatorio y de política. Es un instrumento que puede ser desde las comunidades muy útil, pues un porcentaje importante de la población que todavía no tiene acceso a la red y seguramente tardará años o será muy costoso para comunidades pequeñas generar megaproyectos de infraestructura de transmisión, entonces ahí el tema de comunidades energéticas va a ser importante.
Hay un reto importante de financiación, de estructuración y de participación que hay que aterrizar.
Yo invitaría a pensar el tema de democratización de una manera un poco más amplia, y es que cuando hablamos de transición energética, no solo lo hablamos desde el punto de vista de la oferta.
No hace mucho sentido hablar solo de la oferta, si no se tiene en cuenta la demanda y por eso el tema de soluciones de energía eléctrica para comunidades vulnerables debe habilitar al consumidor y para que se haga partícipe más activa de la transición.
Hay tensión en el ambiente por posibles intervenciones regulatorias. ¿Cree que eso pueda poner en riesgo las inversiones?
Sí, genera incertidumbre cuando se tienen grandes inversiones de capital previstas. Es importante que se vayan generando señales de más estabilidad para el mercado, sobre todo señales para la inversión privada.
Para este sector es importante el respeto a las reglas, no solo desde el punto de vista eléctrico, sino en general macroeconómico. Los proyectos de renovables tienen unos económicos muy apretados, no tienen los mismos niveles de rentabilidad que otras fuentes energéticas.
Es un tema que es retador en un contexto macroeconómico de altas tasas de interés, inflacionario, con un costo del dólar alto, pues impacta este tipo de proyectos.
¿Ya hay inversiones que se puedan haber reversado por estos factores?
No tengo identificados proyectos que hayan perdido viabilidad económica que se hayan suspendido hasta el momento.
DANIELA MORALES SOLER