Redacción
Una auditoría externa contratada por XM, administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM) y operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), indica que la entrada en operación de Hidroituango sería hasta septiembre de 2023.
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Así lo anunció la misma organización (filial del Grupo ISA) en el evento virtual: ‘Café energético XM con la industria’, realizado el pasado miércoles 5 de mayo, y al que tuvo acceso Portafolio, donde se informó que el peritaje técnico (presentado a finales de marzo), establece el estado real del avance en el montaje de los proyectos de generación que entrarán al sistema.
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En el marco del encuentro, Cecilia Inés Maya, gerente del Mercado de Energía de XM, explicó con apoyo en una presentación el avance de obra en cada uno de los proyectos que recibieron asignación en la subasta del cargo por confiabilidad en febrero del 2019, y en el que se indicó que la megaobra, según la auditoría, entraría en operación el 10 de septiembre del 2023.
“En los proyectos que presentan atraso frente a la fecha del inicio del periodo de vigencia de la obligación (IPVO), el Grupo EPM con Hidroituango con las vigencias 2020-2021 y 2021-2022, ya tienen retraso, pero esperan entrar con la energía en firme durante el 2022”, dijo Maya.
La técnica de XM subrayó que, según la información que poseen de la megaobra, tendrían como entregar la energía, sin embargo existen grandes retos en temas ambientales, como son las respectivas autorizaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que demorarían aun más su inicio para la entrega de energía al sistema.
“La auditoría, con corte al 31 de diciembre del 2020, pero presentada tres meses después, indica que la fecha estimada para la entrada de Hidroituango con la capacidad efectiva neta es el 10 de septiembre de 2023”, recalcó la gerente Financiera y Administrativa del Mercado de XM.
Maya así mismo dejó en claro que no hay certeza sobre la fecha definitiva en la que la Anla se pronunciará sobre la megaobra, pero lo que si es cierto, es que el proceso de peritaje ambiental y geológico está en proceso, pero que se han presentado retrasos.
Cabe recordar que el peritaje o estudio con las condiciones actuales y futuras de estabilidad de Hidroituango solicitado por la Anla a EPM, y que no ha sido entregado por el conglomerado, podría llevar a que la megaobra solo entre a operar en el 2023.
La entidad ambiental “no ha recibido de manera oficial, a la fecha y de esta organización el estudio técnico que se les solicitó”, y que hace parte de la medida preventiva dictada por la autoridad ambiental en la Resolución 820 del 1 de junio de 2018.
Esta directiva de la Anla, en la que se impuso la medida preventiva, es solo para las actividades constructivas, y en clara advertencia señala que solo se permiten obras o desarrollos relacionados con trabajos “para superar la contingencia ocurrida en abril de 2018”.
Si hoy EPM entrega de manera oficial a la entidad ambiental el citado peritaje, el tiempo de su análisis por parte de los técnicos de la Anla es incierto, como lo advirtieron sus voceros, ya que entraría a primar el rigor científico para su estudio, en el cual tardarían el tiempo que fuera necesario.
Además, este peritaje tendría una especial lupa para analizarlo al detalle, más en el tema de la estabilidad geológica del terreno sobre el que reposa la megaobra.
Esto sin contar con los requisitos adicionales, que en la mayoría de ocasiones la Anla solicita y que llevaría a extender más su estudio. Así las cosas, solo la entidad le daría el visto bueno al peritaje hacia el cuarto trimestre del 2022 o en los primeros meses del 2023.
Por su parte, voceros de EPM explicaron que la firma POYRY, encargada del dictamen, solicitó ampliar el plazo hasta el próximo 31 de julio para su entrega con el fin de incorporar resultados complementarios de temas relacionados con la modelación de la presa y el estudio de actualización de amenaza sísmica. E insisten en que la megaobra entrará en operación en el 2022.
Pero a la larga lista de inconvenientes ambientales que tiene la megaobra se suma que, tanto el conglomerado como el consorcio constructor tienen que dejar solucionado el tema de la acción popular interpuesta por la Procuraduría y que está radicado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Además del embargo a las cuentas del consorcio constructor CCC por parte de la Contraloría general como medida preventiva, y la contrademanda que radicarían estos últimos en próximos días, que llevarían a atrasar por meses la entra en operación de Hidroituango.
