Este 30 de noviembre, a media noche, se vence el plazo para que Hidroituango esté disponible para entregar energía al sistema eléctrico nacional. Después de haber adquirido una nueva asignación de cargo por confiabilidad en la subasta de 2019, Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía a cargo de la central hidroeléctrica debía entregar al sistema 1.141 GWh/año que se suma a otros 3.482 GWh/año que había adquirido en 2012 y cuya vigencia se encuentra activa.
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Tras muchas dudas con respecto a si Hidroituango entraría a funcionar o no, EPM anunció que había adelantado con éxito la sincronización de las dos primeras unidades de la central eléctrica con el Sistema de Potencia Nacional. La primera de estas lo hizo el pasado sábado 26 de noviembre y la segunda este martes 29 de noviembre.
Esto quiere decir que las dos turbinas, con una capacidad de generación de 300 megavatios cada una, ya entregaron energía al país, sin que se haya declarado la operación comercial de estas, puesto que aún requieren las pruebas de sincronización con rechazo de carga a máxima potencia.
De acuerdo con XM, operadora del mercado eléctrico, para que sea declarada esa operación comercial se requieren algunos documentos que están pendientes, dentro de los que destacan la certificado del agente transportador del punto de conexión, que indique que las unidades de generación cumplen con los requisitos definidos en la reglamentación vigente y el acuerdo expedido por el CNO, que avale el cumplimiento de las pruebas técnicas.
Marco Vera, consultor y experto en temas energéticos, señaló que es un logro muy importante haber generado de forma exitosa en las primeras dos turbinas.
Ahora bien, sobre si esto es suficiente para que la empresa pueda declarar la operación y no reciba los efectos de no estar disponible quedan aún algunas dudas.
De acuerdo con la resolución 071 de 2006 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), una de las obligaciones de las empresas a las que se les ha asignado obligaciones de energía en firme (OEF) es “poner en operación comercial la planta y/o unidad de generación a más tardar en la fecha de inicio del Período de Vigencia de la Obligación y con la ENFICC (la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación continuamente, en condiciones de baja hidrología) asignada en la subasta”.
Si no lo logran en los plazos estipulados podrían ejecutarse las garantías bancarias, explicó Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores.
En el caso de Hidroituango, su Período de Vigencia de la Obligación inicia el 1 de diciembre a las 00:01. Sin embargo, la empresa ha manifestado que la prueba que falta se realizará una vez se llegue a un acuerdo con las comunidades aguas abajo, que deberán evacuar de forma preventiva.
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“Dicha prueba se deberá realizar cuando se llegue a un acuerdo con las comunidades y autoridades de aguas abajo, en cuanto a la fecha y las condiciones de realización, pues es la prueba determinada en el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo”, manifestó EPM.
En medio de las dudas con respecto al ingreso o no de las dos primeras unidades de Hidroituango, se ha hablado sobre las posibilidades de que se le ejecuten las garantías bancarias y pierda el cargo por confiabilidad que le fue asignado.
Sin embargo, la Creg estableció en la resolución 061 de 2007 que “cuando la fecha de puesta en operación de la planta, determinada por el auditor, sea posterior a la fecha de inicio del Período de Vigencia de la Obligación y no constituya incumplimiento grave e insalvable, el agente deberá garantizar el cumplimiento de su Obligación de Energía Firme a través de un Contrato de Respaldo”.
Es decir, mientras la planta es capaz de entregar energía de forma continúa deberá comprar la energía por medio de contratos. A pesar de ello, en caso de declararse el incumplimiento, se le podrán ejecutar las garantías y perder los ingresos relacionados de cargo por confiabilidad.
En días pasados EPM remitió a la Creg una carta en la que solicita que se amplíe la fecha límite de puesta en operación. Dentro de los argumentos se encuentran las peticiones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de la Anla.
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Ahora bien, habiendo hecho las pruebas para operar comercialmente, Vera explica que podrían ofertar un precio que no permita que entre en mérito o incluso podrían declararse en indisponibilidad tras haber declarado la operatividad de las unidades, con lo que no se ejecutarían garantías.
Sin embargo Tomás González, exministro de Minas y Energía, señaló que “la sostenibilidad del sistema depende de que los proyectos entren y si no hay efectos tampoco hay tranquilidad en la expansión”.
Daniela Morales Soler