En Colombia existen 1.800 hospitales y clínicas con 87.000 camas, de las cuales las dos terceras partes pertenecen al sector privado. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la mayoría de las entidades adscritas al sector privado responden a la mediana y la alta complejidad, sin dejar de lado la importancia que tienen las instituciones en algunas regiones en estos mismos niveles.
Hoy, según el gremio, existen 1,8 camas por cada mil habitantes y aunque persisten diferencias regionales, todas estas entidades están habilitadas para operar y cerca de 50 tienen acreditación de muy alto nivel.
Este inventario es el que ha pisado el acelerador en la coyuntura generada por el nuevo coronavirus para garantizar la atención adecuada de los potenciales afectados, bajo la premisa de adaptarse para evitar desbordes y complicaciones vistas en otros países.
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Y aunque los plazos de la pandemia han permitido que estas entidades hagan ajustes en sus áreas de hospitalización, crecimiento de las unidades de cuidados intensivos, aplazamiento de cirugías y procedimientos programados, cancelación de consulta externa e incluso modificación en la recepción de pacientes en urgencias, para centrarse específicamente en la potencial atención de pacientes afectados por el virus.
De hecho, de acuerdo con un análisis hecho por la ACHC, la totalidad de las instituciones han destinado recursos para actualizar y capacitar al personal en temas de la pandemia, siete de cada 10 han modificado turnos y disponibilidades, en el 70 por ciento se han reprogramado intervenciones y el porcentaje de ocupación en urgencias se ha disminuido en 75 por ciento de ellas.
Todo esto para estar en las mejores condiciones de cara a mejorar la atención de los enfermos de covid-19 en un proceso que armoniza con las decisiones emitidas por el Gobierno, explica Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC.
Y a juzgar por la respuesta después de 58 días de haberse iniciado oficialmente la pandemia en Colombia, con el primer caso el 6 de marzo, los hospitales y clínicas del país han ejercido un papel que no solo tranquiliza sino que también es una prenda de garantía en términos de calidad y profesionalismo de cara a la flexibilización de la cuarentena, según afirma la salubrista Elizabeth Beltrán.
Rodrigo Córdoba, representante de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, dice que, a pesar de las dificultades, las instituciones hospitalarias han tenido que destinar recursos e incluso algunos han tenido que modificar su esencia en temas como especialización para estar disponibles y servir equitativamente a toda la sociedad.
Alto precio
Pero esta puesta a punto empieza a pasar una factura muy elevada a estas entidades, en razón a que todas ellas basan sus ingresos en los servicios que prestan y hoy por causa de esta acomodación obligada su oferta ha caído dramáticamente, según le dijeron directores de hospitales a este diario.
Sin ir muy lejos, algunos gerentes de hospitales manifestaron que por la cancelación y aplazamiento de cirugías, consultas programadas, procedimientos y urgencias su facturación ha bajado a menos de la mitad, con el agravante de que no cuentan con reservas disponibles como consecuencia de la crisis que históricamente arrastran.
A esto se suma que nueve de cada 10 instituciones han percibido un aumento desproporcionado en los precios de insumos vitales y elementos de protección personal que cada día son más escasos y necesarios.
El asunto de los ingresos comienza a ser tan serio que algunos de estos centros han tenido que prescindir de personal del grupo no necesario para atender directamente la pandemia. Es el caso de cirujanos plásticos, dermatólogos, odontólogos, pediatras y otros profesionales de apoyo.
Y aunque lo anterior pareciera lógico, la realidad es que estos trabajadores desocupados se encuentran en sus casas sin percibir ingresos, de los cuales dependen sus familias.
Y más complicado es el panorama en otros hospitales por cuenta de los modelos de contratación, que ya empiezan a limitar los servicios de anestesiólogos, cirujanos y otros especialistas que podrían ser necesarios en caso de un desborde de la pandemia.
¿Qué hacer?
Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio, afirma que ante esta situación se requiere de un respaldo que remonte lo temporal y la contingencia de parte del Gobierno Nacional. Insiste en que más que decretos y resoluciones sobre el flujo de recursos se deben hacer realidad los giros y los pagos de deudas atrasadas y de atenciones que se están realizando por parte de la Adres y de las administradoras de planes de beneficios bajo la supervisión de la Superintendencia de Salud.
“Necesitamos el soporte mínimo representado en el pago por lo que hacemos y con la preparación que hemos tenido”, indica Castellanos.
Pero, además, parte del gremio de hospitales considera que es urgente promover las compras centralizadas de elementos de protección, controlar los precios y forzar las concurrencias de las ARL para cumplir con esta tarea. “Es urgente diseñar una canasta covid-19 regulada por el Gobierno e insistir en que los recursos que se movilizan en el sector lleguen de verdad al circuito prestador”, agrega Juan Carlos Giraldo.
También insiste en que el giro directo sea universal y se llegue al máximo porcentaje posible, además de agilizar el acuerdo de punto final y se puedan hacer anticipos a la red hospitalaria.
“La situación de los hospitales públicos y privados se ha convertido en una prioridad para el Gobierno. Se estudian mecanismos para darle flujo al sistema y poner las cuentas al día”, respondió sobre este tema Fabio Aristizábal, Superintendente de Salud.
Necesitamos el soporte mínimo representado en el pago por lo que hacemos y con la preparación que hemos tenido
Lo que piden los hospitales
Además de garantizar el flujo de recursos de deudas antiguas y corrientes el gremio hospitalario solicita que se permita la compra de cartera a hospitales menores de 50 camas y a los que hoy no tienen pacientes de covid-19 pero están con cartera. De igual forma, piden que se permita liberar reservas técnicas en procesos obligatorios por parte de las EPS y que se remunere la capacidad instalada disponible para atender pacientes, dándoles un carácter público a las camas mientras dura la emergencia.
Por último solicitan que para el flujo efectivo de recursos se eviten modificaciones contractuales de las EPS y negociaciones tarifarias emergentes por parte de estas entidades.
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