Los reclamos de movimientos estudiantiles, junto a una de las propuestas de campaña del ahora presidente Gustavo Petro, han apuntado de forma clara a la reformación del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).
Este fue uno de los puntos pactados entre los estudiantes y el Ministerio de Educación Nacional tras las manifestaciones del 2018, siendo este, a la vez, uno de los temas que han quedado pendientes de ejecutar.
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Pese a la demora, el presidente de la organización, Mauricio Toro, explicó a EL TIEMPO que para el mes de agosto está previsto presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que transformaría a Icetex de una forma radical, lo que podría cambiar el funcionamiento de las líneas de créditos educativos y la financiación de la misma entidad.
El propósito de la reforma
El funcionario explicó que lo que busca con Icetex con esta reforma es «que se vuelva política de Estado las acciones que hemos venido haciendo durante estos meses de gestión, para garantizar unos créditos educativos más humanos y de mejores condiciones«.
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De esta forma, el objetivo es que los anuncios realizados por la entidad en materia de reducción de tasas de interés, nuevas líneas de créditos y subsidios de tasas de los créditos cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sea de dos dígitos, puedan ser una política estatal y no un anuncio temporal y contingente del Gobierno.
«Todas estas son medidas que resultan temporales, porque hay una administración que se ha puesto la tarea de humanizar el crédito, de organizarlo, de mantenerlo a unos estándares apenas decentes, humanos, como hemos dicho, y lo que queremos con el proyecto de ley es que esto no sea una política de gobierno, sino una política de Estado, es decir, que esto perdure por los siguientes años con el fin de proteger tanto a una entidad como Icetex, que es tan importante en el sistema de educación«, agregó Toro.
Educación.
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Créditos en materia social
Según el presidente de Icetex, «el crédito educativo se entiende en la legislación, en la reglamentación, en las normas como crédito de consumo comercial y el crédito educativo no es un crédito de consumo comercial, como sí lo es uno para una moto o un carro, para comprarse un reloj o para libre inversión. Tiene que tener una característica especial, social como el crédito de vivienda, como le dijo en su momento la Corte al Estado, que tenía que tener unas características de protección especial, donde el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda digna, pero eso nunca se ha hecho para el crédito educativo«.
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Con esto claro, lo que se buscaría es que, de forma definitiva, la institución deje de capitalizar intereses y cuente con líneas de crédito nuevas.
Frente a esto, hay que tener en cuenta que a principio de año se hizo el anuncio de reducir la tasa de interés a los créditos vigentes al IPC+2 e IPC+3 como una medida temporal y solamente aplicable para el 2023 ante la cifra del IPC, esto gracias a que se le permitió al Icetex el manejo de los recursos de cuentas bancarias inactivas.
Como es algo que no es permanente, se busca que si se pueda dar con la reforma.
Icetex, a pesar de ser una entidad pública, paradójicamente, no recibe recursos del Estado. Esto quiere decir que esta misma se encarga de buscar sus fuentes de financiación para la creación de estabilidad para los créditos educativos.
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En años previos, esta situación llevó a que, para tener recursos para prestarles a los estudiantes, la entidad tuvo que financiarse con recursos del Banco Mundial, conocido por manejar tasas de interés altas, por los que la entidad debe responder, lo que se ve en las tasas para los usuarios.
Y pese a que se ha intentado diversificar sus fuentes de financiación, estas todavía no son suficientes para mantener en el tiempo las ayudas anunciadas y, mucho menos, para que se cambie la concepción de estos créditos educativos.
«Estamos haciendo un ejercicio de auditoría financiera, forense, larguísimo, para encontrar fuentes de financiación directas que nos permitan mantener los beneficios -explica Toro-. Una de las ideas que tenemos, por ejemplo, y que queremos plantear, es usar el acto legislativo de regulación del cannabis medicinal y de uso adulto, el cual determina unos impuestos a ese consumo, y de los cuales podríamos echar mano«, explicó Toro.
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De igual manera, se plantea la posibilidad de que Icetex comience a recibir dinero directamente del Presupuesto General de la Nación de forma anual y que exista la posibilidad de recibir financiación de las sanciones a multas por corrupción o a las que reciben instituciones de educación superior (IES) cuanto incurran en irregularidades.
«Hemos encontrado unas 27 posibles fuentes de financiación diferentes provenientes del Estado, si no es que más. Esperamos poder analizarlo todo con Hacienda, que nos diga de dónde sí y de dónde no y así saber con cuántos recursos podríamos contar para financiar lo que se viene con la reforma. Creo que en eso vamos en un avance de un 53 %«, señaló el funcionario.
Educación en Colombia
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Según explicó Toro, la idea es que la entidad adopte funciones con un enfoque social y que trascienda de simplemente el préstamo de dinero. Bajo esta lógica, Icetex comenzaría a trabajar para que sus usuarios puedan acceder al mundo laboral o expandir sus líneas de crédito para que así puedan financiar sus estudios en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
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De igual manera, se espera terminar la regulación y el fortalecimiento del modelo de pago contingente al ingreso, que permite que el estudiante pueda pagar únicamente cuando se encuentre trabajando y se le suspenda el cobro en época de desempeño sin que se le acumulen intereses.
«También hay unos artículos destinados a crear todas las alianzas necesarias con Minsalud, con Mineducación, con las universidades, con los institutos, para garantizar el seguimiento y acompañamiento de los problemas de salud mental de los jóvenes, para que disminuya de alguna manera la deserción ocasionada por problemas de salud mental en lo que tenemos que trabajar, se crea un observatorio para eso, allí se le asigna al Estado colombiano, como de la mano con las demás entidades, crear una política de acompañamiento en temas de salud mental que ya estamos haciendo«, finalizó Toro.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – EDUCACIÓN